La Corte Suprema resolvió que la justicia penal ordinaria y no la federal esté a cargo de la causa que investiga los carteles que aparecieron en la pandemia contra Cristina Kirchner, exvicepresidenta en ese entonces, donde la acusaban de ser "culpable de 35.000 muertes" y sumaban su foto.
El juez nacional sostiene que se trata del delito de intimidación pública, que tiene alcance federal. Para el juez federal, Sebastián Casanello, no se trató de ese delito. La causa se inició el 28 de marzo de 2022, por una serie de carteles que aparecieron en las calles de Buenos Aires con la foto de Cristina Kirchner y una leyenda que decía: "Culpable de 35.000 muertes. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas. Asesina", haciendo referencia a la compra de vacunas a Rusia para enfrentar el COVID-19.
La División Delitos Constitucionales de la Policía Federal Argentina se alertó de la presencia de estos afiches, que también fueron reproducidos en los medios, e inició la causa. El juez federal instó a que se presente a declarar el titular de la imprenta en la que se habían impreso, que indicó qué vendedor había realizado la operación y quién había hecho el encargo.
Casanello descartó que se tratara de un delito de intimidación pública o cualquier otro que habilitara la intervención de su fuero. El juez nacional, por su parte, rechazó que tenga jurisdicción en su área porque los hechos encuadrarían en el delito de intimidación pública, porque los mensajes se referían a una funcionaria nacional, porque Cristina Kirchner era en ese momento vicepresidenta, lo que justificaría la intervención del fuero federal.
La Procuración General de la Nación estableció que debía ser la justicia nacional la que interviniera. En consonancia, la Corte Suprema, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, resolvió que "corresponde dirimir el conflicto de conformidad con los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General de la Nación interino, por lo que se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 5".
En la causa, declaró el empleado de la imprenta, Francisco Serrano y "aportó audios y números de teléfono pero no identificó a ninguna persona porque usaban un nombre de pila", dijo una fuente judicial a Infobae. Una mujer, Nilda Lilian Melhem, fue señalada por un chofer de Uber, que llevó el dinero hasta la imprenta para imprimir los carteles con las graves acusaciones contra Cristina Kirchner.
Serrano trabajaba para la imprenta "Vía Graphic", de Lanús, y le habría confesado la maniobra por teléfono a su exjefe, quien declaró en otra causa paralela que se inició por una denuncia del publicista Enrique Albistur.
Más Información
