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Sociedad

El Gobierno venderá los inmuebles confiscados en la causa Cuadernos

Después de que se ordenara la subasta de las 30 propiedades confiscadas al exsecretario de Néstor Kirchner, el Gobierno impulsa su venta.
Centeno Causa Cuadernos

El Gobierno impulsó la venta de las propiedades que se le decomisaron al exsecretario y al contador de los Kirchner, en la causa Cuadernos. Comenzará por la venta de 7 propiedades, pero hay 20 viviendas decomisadas.

Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, está implicado en la causa conocida como "Cuadernos", en la que la Justicia investiga a una serie de involucrados cercanos al expresidente por el supuesto caso de corrupción, en el que un grupo de empresarios y exfuncionarios habrían intercambiado coimas a cambio de licitaciones de obra pública.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se encargará de la venta de las propiedades y comenzará con la subasta de tres propiedades que pertenecían a Muñoz y a Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner. Los tres están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. 

En total, la Administración de Bienes del Estado estimó que podrá recaudar casi 2 millones de dólares de producirse las ventas. Los 30 inmuebles confiscados en el marco de la causa Cuadernos fueron decomisados por orden del juez federal Claudio Bonadio y una resolución del gobierno de Mauricio Macri en 2019 ordenaba su subasta.

Entre los inmuebles que se subastarán están los departamentos que funcionaban como oficinas de Daniel Muñoz en Villa Urquiza; y una mansión en Devoto que construyó Manzanares bajo la firma Madaco S.A pero que luego fue comprada por Muñoz.

La causa Cuadernos se hizo conocida luego de que el chofer Oscar Centeno anotara durante años los movimientos de dinero que recolectaba el entonces funcionario Roberto Baratta en unas libretas marca Gloria. Centeno entregó copias de los cuadernos a periodistas del diario La Nación, quienes los trasladaron al juzgado de Claudio Bonadío un año antes de la campaña electoral de 2019.

En concreto, se trataba de presuntos sobornos realizados con empresarios ligados a la obra pública que buscaban recibir licitaciones de forma discrecional de parte del Gobierno, quien por su parte utilizaba el dinero de las coimas como forma de financiamiento electoral, dice la causa judicial.

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