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Política

El Gobierno presentará un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

Patricia Bullrich y Cúneo Libarona presentaron un nuevo proyecto de ley de penal juvenil que incluye la baja en la edad de imputabilidad a 13 años.
patricia bullrich

Patricia Bullrich presentó un nuevo proyecto de Ley Penal Juvenil. La Ministra de Seguridad junto con Mariano Cúneo Libarona -ministro de Justicia- dieron una conferencia de prensa anticipando la reforma que planea el Gobierno de Milei para combatir el delito por parte de niños y adolescentes. El proyecto incluye una baja en la edad de imputabilidad y establece una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal según el delito que se cometa.

Técnicamente se llama “Régimen Penal Juvenil”. Según el diario Clarín, el punto más importante del proyecto tiene que ver con las edades: menciona a "adolescentes de entre 13 y 18 años". La idea es que aquellos menores de este rango etario que cometan delitos puedan ser privados de su libertad en "establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo". Además, el proyecto establece que se debe comunicar a sus padres sobre la imputación del chico y los demás actos procesales. "El juez y el Ministerio Público fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas", se explica.

En caso de imponerse una condena condicional, se deben aplicar medidas complementarias en conjunto como "asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes".

Las penas serán de entre 3 y 6 años de prisión "siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas". La condena se podría reemplazar por una amonestación, la prohibición de acercarse a la víctima o a sus familiares, la no habilitación para manejar vehículos, la prohibición de ir a determinados lugares -lugares de espectáculos o deportivos-, la no habilitación para salir del país o de determinado territorio, prestación de servicios a la comunidad o monitoreo electrónico. El cumplimiento de la condena adjudicada va a ser verificado por jueces o fiscales y "también por la víctima, si es su deseo".

La máxima pena que podrá recibir el menor imputado va a ser de 20 años. Una vez cumplidos los primeros dos o tres, el tribunal va a poder disponer que se continúe la condena con alguna de las medidas alternativas que se mencionaron anteriormente. Si esta no se cumple, se va a reemplazar por otra más severa.

"En los casos de menores no imputables (quienes tienen menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social", se explica en el texto del proyecto. De esta manera, se determinó oficialmente el proyecto de Ley del oficialismo de bajar tres años el piso de la edad de imputabilidad que hoy por hoy es de 16 años.

El fiscal va a poder prescindir "total o parcialmente de la acción penal si el delito tuviere prevista una pena inferior a seis (6) años y no concurrieren otras circunstancias, como la muerte de la víctima, lesiones gravísimas, existencia de otros procesos".

Si el delito tuviera una pena prevista de menos de 6 años, se podrá iniciar un proceso de mediación penal con la víctima o sus representantes legales. Si la pena no excede los tres años, también se le podría dictar al delincuente una probation. En caso de que las condiciones establecidas se inclumplieran, el juez va a disponer cómo sigue el proceso sin computar el tiempo transcurrido.

“Una vez que entre y sea parte del Código Penal, cada uno de los distritos lo va a adaptar a sus códigos procesales; deberán definir qué tipo de lugares de retención van a utilizar para los menores”, había adelantado Bullrich en mayo sobre este proyecto y su aplicación. En su momento, explicó que no todas las provincias tienen la misma situación y por eso cada una tendrá que definir dónde va a alojar a los menores que cometan delitos. “Tenemos provincias que tienen dos menores (delincuentes), entonces no podés hacer una gran estructura, hay otras que tienen más”, agregó.

La ministra también había mencionado los cambios que iban a proponer a la Ley de Trata vigente, haciendo foco en los menores de edad. Puso como ejemplo los casos en lo que los adultos fuerzan o le pagan a los adolescentes para cometer delitos. “Vamos a introducir un cambio para tomar como una forma de trata a los menores que son contratados o puestos con una pistola en la cabeza para salir a matar o delinquir. Porque el que llevó adelante la contratación de ese menor tiene tanta responsabilidad o más que el menor”, dijo. Y agregó: “Lo estamos viendo con extranjeros, que vienen con menores, o con organizaciones criminales. Esa interpretación va a ser muy importante para que los menores informen cuál fue la organización (que los contrató)".

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