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Columnistas

Quién iba a decir que con Milei llegaba la garantía de impunidad

Cúneo Libarona y Milei

A media mañana del domingo 28 de abril, el presidente Javier Milei le decía al periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia: “Hemos decidido cortar la obra pública. La obra pública es la demostración más palmaria de la corrupción en la Argentina. Un gobierno que viabilizaba la corrupción por la obra pública, obvio que le parece un disparate cortar la obra pública. La cortamos porque era un escándalo de corrupción. Ya sabemos que las manos de los políticos son porosas, por eso tenemos tantos casos de corrupción en el kirchnerismo. Los cuadernos de la corrupción no han sido gratis, ¿no?” 

La contundencia de la definición del jefe de Estado ayudaba a tapar un detalle para nada menor. Quien había designado un par de meses antes como ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había sido abogado justamente de algunos empresarios acusados de pagar los sobornos para recibir contratos y que habían sido delatados por las anotaciones de un chofer de un funcionario, en lo que fue una de las causas emblemáticas de la corrupción kirchnerista. En todas sus intervenciones, además, había minimizado la existencia de delito.

Cúneo Libarona había sido letrado del constructor Alejandro Ivanissevich y el empresario energético Sergio Tasselli, además de llevar la representación de Hugo Eurnekian, sobrino de Eduardo, el titular de Corporación América, la compañía donde había trabajado justamente el hoy primer mandatario. No parecía más que una circunstancia menor. Qué iba a importar tanta coincidencia en un gobierno que llegaba con el mandato de liquidar a la casta política, sindical y empresaria y terminar con la inflación.

Hugo Eurnekian, sobrino de Eduardo, titular de la Coroporación América.

El tema es que la estrategia del estudio que lleva su apellido era que sus clientes dijeran que en realidad nunca habían pagado una coima a cambio de un negocio con el Estado, sino que afirmaran que en realidad habían hecho un aporte para la campaña elecotral pero que no lo habían declarado. Se consignaba así en las coberturas de la prensa, mediados de 2018.

Eran días en los que el expediente 9608 ardía mientras los principales hombres de negocios del país por primera vez pisaban Tribunales y algunos de ellos quedaban detenidos bajo la investigación del juez federal Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli

Mientras Cristina Kirchner y Julio De Vido eran las principales figuras políticas a las que se apuntaba con la investigación, en tiempos donde el gobierno de Mauricio Macri se alimentaba de la repercusión pública de la “lucha contra la corrupción K”, los cuadernos que había registrado un remisero, Oscar Centeno, -más allá de cualquier observación como material probatorio- empezaban a llevar a la Justicia a pesos pesado del establishment argentino. Ya no se trataba sólo de los que siempre habían sonado como parte del “capitalismo de amigos” emergido desde 2003.

Había un sistema de pagos non sanctos que siempre había existido en la Argentina que por esas carambolas de intereses que se alinearon empezaba a quedar a la luz. Una extraña sensación de que por primera vez los hilos no se iban a cortar por lo más delgado te recorría el cuerpo. Los empresarios, si bien se sentían víctimas de un apriete para entregar superiores o culpar a la ex presidenta, nunca negaban que la guita la habían puesto, como siempre lo habían hecho.

En la investigación aparecían nombres como el de Enrique Pescarmona, de la metalúrgica IMPSA; estaban los lobbistas más reconocidos del Grupo Techint; se sumaban constructores como José Cartellone, Aldo Roggio, Juan Chediak o el mismísimo Angelo Calcaterra, primo de Macri. 

Ángelo Calcaterra, primo de Macri y exdueño de IECSA.

Todos desfilaban por los tribunales y admitían haber puesto dinero por izquierda en un tongo infinito. El de siempre, muy posiblemente. Pero conectado con la primera magistratura, como nunca, dada la participación de colaboradores directos del ex presidente Néstor Kirchner

¿Había llegado el momento de que se acabara la joda de siempre? ¿La Justicia se iba a meter con los que nunca se mete? ¿Había chance de que la idea de pagar por un delito no fuera solo aplicable a los delincuentes de la base de la pirámide social, y la sociedad vería, como suele pasar cada tanto en los Estados Unidos, un multimillonario explicando una conducta indebida e incluso pagando por ello?

Bueno, algo empezó a sugerir que no. Por ejemplo, cuando en 2021, el juez federal Julián Ercolini hizo una jugada para “cerrar el estadio”, y exculpó a Luis Betnaza, relacionista público todo terreno de Paolo Rocca, el capo de Techint, porque aceptó que había pagado coimas al Ministerio de Planificación, bajo un “estado de necesidad”, ya que lo había hecho para acelerar la evacuación de personal de Venezuela tras la expropiación de Sidor. 

Después, el tiempo empezó a ser una señal de advertencia de que todo terminaría en la nada. Con cerca de 70 imputados, y la instrucción completa, los especialistas en la materia se sorprendían con que no hubiera un juicio oral para definir culpabilidades. “Habría que hacerlo en la cancha de River”, decían los abogados. Un gran juicio a la corrupción. La exposición de lo peor de la forma de hacer negocios. Un mani pulite. Un vuelta de página para un país distinto. 

“Tal vez sucede con Milei que llega para combatir a la casta”, había dicho un interesado en noviembre, tras el balotaje que sacudió a la política. Pobre ingenuo. El Ministerio de Justicia fue para Cúneo Libarona. O sea. Digamos. 

“Los temas judiciales no le importan”, decían en el entorno del Presidente. Pero mientras su mensaje es que “la corrupción escandalosa de los cuadernos” explica por qué cortó la obra pública, como dijo en la entrevista que se cita al comienzo, esta semana la Cámara Federal le dio un golpe de gracia a esa investigación. 

En una decisión histórica, los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone consideraron que los pagos de Calcaterra, el primo de Macri al frente de la constructora Iecsa, no fueron coimas, sino “aportes de campaña”. Es decir, la Justicia tomó la tesis del Cúneo abogado y la puso en práctica ahora que estamos en tiempos de Cúneo ministro. Sería de locos que se confirmara para los próximos tiempos su salida de la cartera judicial, porque quedaría flotando la idea de “misión cumplida”. Ni qué hablar si al mismo tiempo Juan Mahiques, el hijo de uno de los camaristas, termina como Procurador General de la Nación. El tetris del poder al mil kilómetros de los ciudadanos de a pie sería total.

“Habrá un efecto dominó en el resto de las defensas” o “peligra toda la causa de los cuadernos”, revelan las crónicas de los periodistas judiciales que vienen trajinando el tema, donde por ahora quedarían bajo la lupa los responsables políticos, aunque también es cuestión de tiempo que hagan la misma objeción. Si no hubo pago de coimas, tampoco nadie cobró. Fin.

La escandalosa definición de la Justicia de esta última semana te alienta el costado más conspirativo aún cuando no lo tengas. Ningún guionista hubiera sido tomado en serio si escribiera que un grupo empresario contra las cuerdas por una acusación por corrupción va a tener unos años más adelante a un ex empleado como Presidente y un ex abogado como ministro de Justicia. Menos, si se le ocurre que en ese momento llegará un guiño judicial que avalará su postura en los tribunales para quedarse 100 por ciento tranquilo. Pero es lo que pasó si se mira sólo el largo brazo del holding de Eduardo Eurnekian. Pero nadie cree en conspiraciones.

Al final, todo llega, incluso en medio de revoluciones libertarias que vienen a llevarse todo por delante, quedan siempre en pie los que tienen más espalda por detrás

Es que tal vez esa sería una mirada demasiado corta. Si es cierto que estamos ante un caso testigo que permitirá cerrar la mayor amenaza judicial para el establishment empresario en su relación sinuosa con el poder político durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, quizás se trate de algo más groso: un punto final a la lucha contra la corrupción, una propuesta ideal para alinear a todo el sistema, que habrá llegado -vaya paradoja- en el marco de un gobierno que venía a terminar de cuajo con todos estos contubernios. 

A los empresarios, a la espera de beneficios especiales como los que obtendrían para grandes inversiones con la aprobación del régimen RIGI que saldrá del Congreso, se les recuerda que también hay un seguro de que no habrá inconvenientes en la Justicia. Además, si en breve habrá un blanqueo impositivo sin igual no bien salga la Ley Bases, acá se anticipa algo así como una amnistía judicial de cara a una eventual nueva estabilidad en tiempos de La Libertad Avanza.

El exministro de Planificación Julio de Vido y la expresidente Cristinia Kirchner, principales apuntados en la causa Cuadernos.

En tanto, la política, con el kirchnerismo a la cabeza, puede encontrar motivos para asegurar el arribo de los jueces que propone la Casa Rosada a la Corte Suprema. Con Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el máximo tribunal, no sólo el Presidente podría confirmar el avance de sus reformas vía el mega DNU o la ley ómnibus, sino que el peronismo podría dormir tranquilo respecto de cualquier revisión de la definicion judicial sobre los cuadernos de las coimas. Perdón, sobre los cuadernos de los aportes de campaña sin declarar.

Las irregularidades electorales tienen penas menores, y posiblemente en muchos casos se trate de hechos prescriptos dado el paso de los años. El tiempo, se sabe, siempre es aliado de los poderosos. Tener poder, queda demostrado, es tener aguante e influencia para poder esperar que cualquier amenaza al estado de cosas se convierta en una anécodta, en un maltrago, en el mal recuerdo del día que pasaste en la cárcel vestido de traje. Al final, todo llega. Incluso en medio de revoluciones libertarias que vienen a llevarse todo por delante, quedan siempre en pie los que tienen más espalda por detrás. 

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