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Política

Cómo funcionaron las inmobiliarias de los militares en las que vendían las propiedades que le robaron a los desaparecidos

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En medio del genocidio que cometió la última dictadura militar en Argentina entre 1976 a 1983, los represores también se dedicaron a realizar negocios con los bienes de los desaparecidos. Así, robaron las propiedades a las víctimas del terrorismo de Estado, luego refaccionaron estas viviendas apropiadas y hasta montaron inmobiliarias para borrar el origen ilícito de estas y poder venderlas.

“Armaron inmobiliarias truchas con papeles falsos y vendían los departamentos de los secuestrados y desaparecidos para quedarse con los bienes”, dijo Ricardo Coquet, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 

En diálogo con Diario Con Vos, contó que los militares montaron una empresa en Munro que se llamaba Sidercforma SA (Servicio Integral en Decoración, Reformas y Construcción) en donde los secuestrados eran obligados a hacer trabajo esclavo. “Ahí estábamos varios compañeros de ‘la perrada’ y nos hacían arreglar las casas que cagaron a tiros en los allanamientos para venderlas”, reveló. 

Durante su cautiverio en la ESMA, Qoquet fue obligado a realizar diversos trabajos esclavos: primero en la sección de diagramación, después en la imprenta y también como carpintero. Sin embargo, dejó de hacerlos cuando se cortó la mano en la empresa de refacciones: “Tuve un accidente trabajando en la casa de Munro que ellos le habían robado a Rosario Quiroga (una secuestrada)”. Tras esto, los militares lo dejaron mudarse a Ramallo con su familia bajo libertad vigilada.

Así como él dio declaración ante la Justicia sobre el calvario que vivió, también lo hizo la periodista Miriam Lewin: “Me destinan a trabajar a una casa que se encontraba en el barrio de Núñez, en la calle Zapiola 3696, Jaramillo y Zapiola”. “Esa casa era propiedad de los padres del teniente Radice que ya no revistaba más en la Armada sino que se desempeñaba como secretario del almirante Massera en las oficinas de la calle Cerrito”, testimonió la sobreviviente de la ESMA en el Juicio a las Juntas de 1985. 

“Exactamente en diagonal a esa casa habitaba un primo de Jorge Radice de alias ‘Barbeta’ que estaba encargado de administrar para Massera propiedades que habían sido robadas o apropiadas a personas secuestradas”, afirmó en el Juicio. “En una oportunidad visito esa inmobiliaria que funcionó antes en Vicente López, quedaba en la calle Ciudad de la Paz, en un edificio estilo petit hotel”, comentó Lewin.

En este sentido, desde el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) aseguraron que hubo varias inmobiliarias de la dictadura y que puede identificarse alguna, como una en la calle Warnes al 300, en Florida, otra en la calle Ciudad de La Paz al 1000 en Belgrano y también en la calle Jaramillo al 3000 en Saavedra. “Hay referencias de que hasta se hicieron desapoderamientos en el Casino de Oficiales de la ESMA, donde intervino un escribano, y que se hicieron distintos movimientos con identidades fraguadas”, detallaron. 

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"Capucha" del Casino de Oficiales de la ESMA, donde estaban los desaparecidos en cautiverio (Foto: Sebastián Leblebidjian)

“Fue una actividad que desarrollaron de la mano de la represión”, indicaron los investigadores del ANM. El armado de las sociedades anónimas para robar los bienes de los desaparecidos tuvo una justificación represiva. “Tuvieron la idea de privar a las organizaciones de parte de su estructura, a los perseguidos de las condiciones materiales que le permitieran escapar de la represión y también para hacer inteligencia”, agregaron.

Los investigadores del Archivo resaltaron que en casi todas esas propiedades robadas hay unos nombres que se repiten y que están vinculados a Jorge Radice, integrante del sector de logística del Grupo de Tareas de la ESMA. “Era contador y estaba detrás de este despliegue. Después desarrolla toda una actividad económica comercial empresarial vinculada al origen de todas estas operaciones”, explicaron.

Pese a que no hay un número exacto de cuántas casas se apropiaron los represores durante la dictadura, la Justicia afirmó “el carácter de lesa humanidad que revisten los ilícitos de apropiación de bienes cometidos en el marco de la represión ilegal llevada a cabo por los integrantes del G.T.3.3.2 con base operativa en la ESMA”. “Claramente se desprende la aplicación de igual categoría a las operatorias de lavado que se diera al dinero y bienes ilícitamente obtenidos”, establecieron en 2022 los jueces de Martín Irurzun, Eduardo Guillermo Farah y Nicolás Antonio Pacilio de la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal.

Jorge Radice, represor y “agente inmobiliario”

Entre 1976 y 1979, Jorge Radice fue “Gabriel” o “Ruger” dentro de la ESMA. Según él mismo declaró ante la Justicia, realizaba tareas operativas y administrativas para el Grupo de Tareas 3.3.2. Y con el tiempo, se convirtió en uno de los principales armadores de la logística para robar los bienes a los detenidos y desaparecidos para dejarlos en mano de la Marina del genocida Emilio Massera. 

A su vez, junto a su hermana Norma Berta, Jorge Radice compró bienes “subrogantes” tras la venta de los inmuebles apropiados. De esta forma, montó un entramado societario de alcance internacional, con 17 personas jurídicas en Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Panamá, para borrar todo lazo de estas propiedades con la ESMA y blanquear ese capital. 

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Jorge Radice, genocida y apropiador de bienes de desaparecidos

Pese a retirarse de la Marina en 1979, continuó como “agente inmobiliario” e intervino en, al menos, ocho operaciones. Por ejemplo, se apropió de la vivienda ubicada en Warnes 350/52, que perteneció a Marcelo Hernández y quien, mientras estaba secuestrado, fue obligado a firmar un poder a favor de “Juan Héctor Ríos” -la identidad que utilizaba Radice para estos negocios-. 

El represor y apropiador, que actualmente se encuentra encarcelado en la Unidad 31 de Ezeiza con prisión perpetua por “delitos de lesa humanidad”, empezó a ser investigado en 2007 por el robo de bienes a los desaparecidos de la ESMA. En 2021, él y su hermana fueron procesados por “lavado de activos” y en 2022, fueron embargados sus bienes por $200 millones. Este año, tras el pedido del fiscal Eduardo Taiano y de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), fueron elevados a juicio por el juez Ariel Lijo.

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