Durante la votación por partes de la Ley Bases, que se extendió a toda la madrugada y continuó hasta casi las 8 de esta mañana, los senadores aprobaron la entrega de facultades legislativas a Javier Milei por un año con posibilidad de prorrogarlas por otro más. Tal resultado no habría sido posible sin el arreglo de último momento que protagonizaron los senadores santacruceños Natalia Gadano y José Carambia.
Tras haber rechazado el proyecto de Ley Bases en general, Gadano y Carambia negociaron a todas luces apenas un 2% más en las regalías que las empresas mineras deberían dejar a las provincias tras explotar sus territorios. De este modo, el porcentaje se eleva del 3% original a un 5%.
Contentos con esa modificación, decidieron levantarse de sus bancas para cuando se votaba la delegación de facultades para Milei habilitando un empate -35 negativos y 35 a favor- que terminó resolviendo Victoria Villarruel en favor del Gobierno. El arreglo con los santacruceños, según Letra P, estuvo a cargo del vicejefe de Gabinete José Rolandi.
También fue decisivo el voto a favor del radical Pablo Blanco, que se diferenció así de sus compañeros Maximiliano Abad y Martín Lousteau. En este caso, el senador se contentó con el hecho de que la Casa Rosada accediera a retirar el Correo, RTA y Aerolíneas de entre las empresas a privatizar, además de suprimir la moratoria previsional. A raíz de ese “arreglo”, puntualizó LPO, Blanco apoyó la entrega de atribuciones extraordinarias para el presidente.
Cabe recordar que el artículo 3 de la Ley Bases que se aprobó tras estas negociaciones declara emergencia pública en materia “económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa” hasta fin de este año, con posibilidad de prorrogar esa “emergencia” un año más.
El artículo 4, por su parte, dispone que se le cedan “delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional” en las áreas mencionadas. Entre los objetivos de esta insólita y cuestionada entrega, el Gobierno enumera “la más amplia desregulación del comercio”, la reorganización del Sector Público Nacional, el “ordenamiento y la regulación” del sector energético y del sistema de contrataciones públicas, la transformación o eliminación de fideicomisos o fondos fiduciarios y el fortalecimiento de “la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad”.
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