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Opinión

Milei eliminó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la titular Claudia Barcia anunció el despido del 80% de sus trabajadoras y luego renunció

La motosierra del gobierno del presidente Javier Gerardo Milei, no para de atacar las políticas de género. Un día antes del noveno Ni Una Menos, la titular de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género Claudia Barcia, ya había anunciado el despido del 80% de las personas que trabajan en el organismo y presentado su renuncia, y anoche se emitió un comunicado desde el Ministerio de Justicia confirmando su cierre definitivo.

La desjerarquización de las políticas de género durante el gobierno de la Libertad Avanza es ineludible. Una de las primeras medidas al momento de su asunción, fue degradar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación al rango de Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Capital Humano en un comienzo, luego del Ministerio de Justicia.

En principio, más allá de las diferencias burocráticas e institucionales que implican pasar de ministerio a subsecretaría, es importante entender la intervención integral que tenía el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en las problemáticas de género mediante equipos interdisciplinarios. No sólo en relación a la prevención de la violencia de género y la asistencia en los casos concretos, sino respecto a promoción de derechos de las mujeres, de la Comunidad LGBTIQ+ y el fortalecimiento de organizaciones sociales comunitarias, entre otras actividades.

En los últimos 6 meses, correspondientes a la gestión del gobierno actual, el Observatorio de las violencias de género “Ahora que si nos ven” contabilizó 97 femicidios. Uno cada 30 horas. Pese a esto, Milei continúa negando la realidad, promoviendo discursos de odio y recortando sin parar las políticas que estaban en funcionamiento.

La ahora extitular de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género Claudia Barcia, quien era fiscal en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, anunció que a partir del 30 de junio quedarán despedidas el 80% de las trabajadoras del organismo. Esto supone el vaciamiento de las medidas públicas restantes diseñadas para prevenir, atender, y erradicar las violencias de género como dispone la Ley 26.485. Además, implica el cierre de cientos de puestos de trabajo. Tras el aviso, Barcia presentó su renuncia.

El Estado está en falta. El gobierno de La Libertad Avanza está atentando contra compromisos que debe cumplir. Por cita un ejemplo, el 17 de julio de 1980, Argentina firmó y ratificó su participación en el tratado internacional de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, perteneciente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los países participantes están comprometidos a tomar medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para garantizar que todas las mujeres gocen de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.

También es importante tener en cuenta que la Subsecretaría es responsable de la aplicación y el cumplimiento de leyes como la 26.485, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Ley del Cupo Laboral Trans, Ley de Identidad de Género y Ley Micaela.

Aun así, desde que inició el mandato Milei, este organismo se encontró sin estructura interna aprobada. En otras palabras, estuvo seis meses sin cumplir con la mayoría de sus obligaciones, poniendo en riesgo miles de vidas en situación de vulnerabilidad.

Desde el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, se emitió un comunicado por redes sociales comunicando la decisión del Gobierno Nacional en el que se aseguró que el organismo “fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes, y organizar charlas y eventos” a la vez que denuncia un “sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas”. En este contexto es la primera vez desde la creación del Consejo Nacional de la Mujer en 1992, que Argentina no cuenta con un organismo responsable de garantizar medidas públicas para promover una vida libre de violencias. El vaciamiento de las políticas públicas de género es un hecho.

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