El juez federal Julián Ercolini desestimó una de tantas denuncias que había presentado el Ministerio de Capital Humano por supuestas irregularidades durante gestiones anteriores. En este caso, se trató de la demanda por presuntos incumplimientos en la contratación de proveedores de medicamentos. Escudándose en esa presentación, la cartera a cargo de Sandra Pettovello había demorado la entrega de los fármacos que necesitaban miles de pacientes oncológicos y con otras afecciones.
Cuando asumió al frente de Capital Humano, Pettovello ordenó revisar los procedimientos a través de los cuales la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) elegía a los proveedores de productos farmacéuticos. Tras una auditoría, la subsecretaria Legal del Ministerio, Leila Gianni presentó una denuncia penal.
“A los efectos de que el Estado Argentino adquiera medicamentos por miles de millones de pesos, se realiza vía 'e-mails' (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualiza periódicamente, ni se certifica su titularidad. Una vez recibidos dichos 'e-mails', ciertos supuestos proveedores remiten 'presupuestos informales' sin firma ni rigorismo alguno", se lee en la demanda presentada por el Ministerio.
Según la presentación hecha por Capital Humano, la DADSE "nunca implementó un procedimiento seguro, claro, transparente y razonable para la selección de los proveedores de los medicamentos, incumpliendo las recomendaciones de los sistemas de control y la normativa vigente en materia de contrataciones de la Administración Pública Nacional".
A continuación, Gianni denunció que la administración anterior seleccionaba "antojadizamente al 'proveedor' al cual comprarle los costosísimos medicamentos (sin siquiera hacer un cuadro comparativo como exige dicha norma por ejemplo)".
Además, según se desprende de la resolución de Ercolini, "la denunciante citó en forma textual fragmentos del Informe de Auditoría 07/19, e interpretó que de los mismos se desprendería que el procedimiento aplicado por la DADSE violaría el régimen general de contrataciones para la Administración Pública Nacional, pudiendo resultar vulnerados los principios de transparencia, igualdad de proveedores e igualdad de oferentes".
En adelante, el juez mencionó que Gianni declaró que el Ministerio aún se encontraba produciendo informes y que cuando tuviesen más datos los presentarían. Tras recibir la denuncia, la Fiscalía Federal n°6 consideró que "el Ministerio de Capital Humano no aportó elementos suficientes para considerar que podría haberse cometido un un delito".
En otras palabras, para la Justicia la denuncia efectuada por la cartera a cargo de Pettovello carecía de sustento y de datos que comprobaran el posible delito denunciado. "Fue la propia denunciante quien refirió que se encontraban en instancias de recabar información a través de las áreas sustantivas internas que tenían en cabeza este programa, y que, sin perjuicio de lo ello, se había decidido formular la denuncia penal", explicó Ercolini.
De este modo, apoyó la decisión de la Fiscalía, la cual "concluyó que nos hallaríamos frente a cuestiones que, al menos en un principio, deberían ser discutidas dentro de la esfera de la propia administración pública", siendo que el acceso a la justicia penal constituye la última instancia.
"Por ende, hasta tanto se lleven adelante las investigaciones administrativas y se expidan las correspondientes instancias, la justicia penal no tendría injerencia para evaluar si se ha cometido, o no, alguna conducta delictiva", repasó el juez.
Siendo así, el Ministerio de Capital Humano se anota un nuevo escándalo habiendo paralizado la entrega de medicamentos con base en una denuncia que, al menos para la Justicia, no tiene sustento.
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