Mientras el Gobierno intenta apagar el incendio en Capital Humano, Karina Milei está abocada a configurar La Libertad Avanza como fuerza política en todo el país. Sin embargo, se enfrenta a un camino sinuoso que día a día le ofrece nuevas piedras que sortear.
Después del escándalo por el armado en Río Negro y del, hasta el momento, exitoso desembarco en Corrientes, aparecieron nuevas denuncias, esta vez por presuntos avales truchos en Mendoza.
Varios dirigentes han denunciado que sus firmas fueron falsificadas en las fichas de apoyo, y están considerando acciones legales. Esto complica las adhesiones al partido La Libertad Avanza en la previa a que se presenten en la Justicia Federal.
La diputada Lourdes Arrieta esperaba que "los mendocinos de bien" se unieran a La Libertad Avanza tras la audiencia ante la justicia federal. Sin embargo, algunos de los firmantes cuestionan la autenticidad de las adhesiones. Las fichas presentadas por Arrieta y Barraza suman alrededor de 4,000 cada uno. También aquí, La justicia inició una investigación sobre adhesiones de personas fallecidas en el trámite impulsado por Arrieta y su hermano Martín, quien ya ha sido imputado por falsedad ideológica y uso de documentos falsos.
El expediente 94/2024, accesible públicamente, revela curiosidades. Un estudio comparativo muestra que Arrieta tiene cerca de 900 avales de afiliados del Pro, un 20% del total, principalmente de zonas de Guaymallén. Entre los nombres destacados en las adhesiones están el diputado Enrique Thomas y su colega Sol Salinas, quienes aseguran que sus firmas fueron falsificadas y están considerando denunciar la falsificación. Martín Arrieta, uno de los apoderados junto a la legisladora, certificó las firmas, pero no ha respondido a las consultas sobre las irregularidades.
En este contexto, Luis Petri, ministro de Defensa y ex precandidato a gobernador, expresó su deseo de conformar un frente común entre La Libertad Avanza, el Pro y parte del radicalismo. Entre los avales a Arrieta se encuentran afiliados de la UCR que se identifican con Petri, como Julia Ortega y Carlos Moyano. Ortega confirmó su firma en apoyo a la iniciativa, mientras que Moyano expresó su apoyo por razones democráticas.
El expediente impulsado por Barraza también está bajo escrutinio. Nombres como el de Sebastián Bragagnolo, ex intendente de Luján de Cuyo, aparecen en las adhesiones, aunque él niega haber participado. Otros como Giuliana Díaz y Emilia Cabrera Horn también han negado su participación y están considerando acciones legales. Al igual que Martín Arrieta, el apoderado del expediente de Barraza, Matías Santaolaya, tampoco respondió a las acusaciones.
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