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Política

Ley Bases: ¿Libertad de mercado o condena al saqueo energético?

Vaca Muerta - Télam (Ley Bases)

¿Qué pasaría si Argentina tuviera un sector energético liberalizado, como lo impulsa el oficialismo a través de la Ley Bases que se discute ahora mismo en el Senado? Para el Gobierno, instalar un sistema de “inversores privados” permitirá atraer precisamente más inversiones y dar lugar a “la recuperación y el crecimiento del sector energético”.

Ese crecimiento se derramaría hacia “otros sectores de la economía que necesitan de energía para crecer” sin descuidar el mercado interno, en palabras de Eduardo Rodríguez Chirillo. Una predicción en perfecta consonancia con la promesa de recuperación económica y, por qué no, con la conversión de nuestro país en la potencia mundial prometida por nuestro presidente durante los ya lejanos tiempos de la campaña electoral.

Pero, por lo pronto, la de cómo haría el Gobierno para no “dejar de atender el mercado interno” es una pregunta difícil de responder, y ni hablar de los cuidados ambientales. El artículo 147 del proyecto que se discute en la Cámara alta modifica la Ley de Hidrocarburos (17.319), eliminando al autoabastecimiento energético de entre los objetivos principales de la política nacional y reemplazándolo por la meta de “maximizar la renta”. Pelado de cualquier garantía de protección ambiental, el proyecto desborda, en cambio, de garantías para los grandes inversores.

Adiós a la seguridad energética: tarifas a precios internacionales y sujeción a los vaivenes geopolíticos

"Unos 51 artículos de toda la Ley de Bases son modificatorios de la Ley de Hidrocarburos y hay otros tantos vinculados a la exportación de GNL", indica Ariel Slipak, economista y coordinador del área de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en diálogo con Diario Con Vos.

"Algunos de los artículos que se modifican apuntan a limitar el poder del Estado en el mercado de los fósiles, liberando e impidiendo la intervención en los precios y limitando las políticas de garantizar el abastecimiento interno, propendiendo a que sea en lo posible todo para la exportación. Esto va a generar un encarecimiento de la energía y un incremento de la pobreza energética", evalúa.

Similar es el pronóstico de Fernando Cabrera, representante del Observatorio Petrolero Sur (Opsur) que sintetiza la propuesta energética de la Ley Bases como una luz verde a "la exportación sin demasiada incidencia del Ejecutivo Nacional" y una liberalización drástica del precio. "Es decir, atar de manos al Gobierno para que no pueda controlar los precios de la energía".

La premisa de autoabastecimiento es que un país que tiene hidrocarburos tiene que lograr que su economía y la vida social se desarrolle con la energía propia. ¿Por qué voy a comprar a precio internacional si yo puedo producir, y lo produzco a precio nacional?

Fernando Cabrera

Borrar al autoabastecimiento de entre los objetivos principales de nuestra política energética cambiaría radicalmente la orientación histórica de nuestro país en la materia. En pocas palabras, pasaríamos a pagar combustibles y tarifas a precios internacionales y a enfrentar el riesgo de quedarnos sin suministro ante alguno de los tantos conflictos geopolíticos que sacuden hoy al mundo.

Estamos renegando de la posibilidad de gestionar la energía que se produce en el país para el desarrollo del país, para la vida en el país, en pos de cederla a los mecanismos mercantiles que, más allá del dinero, empiezan a tener otros ribetes, que pueden ser las presiones geopolíticas de ciertos sectores para vender o no vender energía en distintos momentos, presiones para comprarla o no a algunas compañías”, alerta Cabrera.

Además, resalta que el artículo 122 de la Ley Bases establece que las regalías (el valor que pagan las empresas a los estados provinciales) se acordarán en cada concesión, “lo que anticipa un recorte en la captura de la renta por parte de las distintas administraciones”.

El proyecto oficialista “no habla de objetivos de captura de renta en ningún momento, no habla tampoco de generar trabajo, es una manera más dar beneficios para que haya mayor explotación, es decir, así como limitás restricciones, das beneficios tributarios, impedís que se pueda regular en un futuro y demás, también habilitás que la regalía sea una parte más de la negociación, que en general ha tendido a ser beneficiosa para las empresas y perjudicial para los gobiernos”, dado el mayor poder de negociación que suelen tener las compañías.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones

La Ley Bases crea el ya famoso Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), orientado a los proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares. Este régimen define, además, la llamada “Exportación Estratégica de Largo Plazo”, que se refiere a los proyectos que impliquen la inversión de sumas mayores a los 1000 millones de dólares y que puedan “resultar en el posicionamiento de la República Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales” (Art. 169). Una descripción, para el Opsur, hecha “a la medida de las propuestas de exportación de YPF y Tecpetrol”.

Desde el comienzo del apartado del RIGI se establece que los privilegios de las empresas participantes no se podrán modificar en 30 años. Mientras tanto, según el artículo 174, el Estado deberá contestar las propuestas de explotación de las empresas en un plazo de apenas 45 días y podrá pedir especificaciones sobre el proyecto en cuestión una vez sola. “Es decir, que el Estado tendrá un mes y medio para analizar un plan de inversión millonario y cuya aprobación implica la recepción de beneficios por 30 años, inmodificables por futuras legislaciones de cualquier índole”, contrasta Cabrera. 

Por si esto no alcanzaba para tentar a los grandes inversores que sacarán a flote a nuestro país, la Ley Bases exime de pagar derechos de exportación a las empresas cumplidos tres años “desde la fecha de adhesión” (Art. 188) o desde los dos años en el caso de las Exportaciones Estratégicas de Largo Plazo. Es decir que ya desde el segundo año de autorizado el proyecto las compañías no tendrán que preocuparse por dejar acá nada de lo que exporten.

“Estos grandes proyectos, cuyo desarrollo demora varios meses, si no años, podrán manejar libremente el acceso a dólares a partir del segundo y tercer año de autorizado el mismo y no desde la puesta en funcionamiento del proyecto”, destaca Cabrera, “con lo cual durante los primeros años (cuando más divisas puede obtener el Estado) estarán en etapa de construcción y poco será lo que exporten (y aporten)”.

La imposibilidad de modificar las exenciones impositivas en 30 años también aplica al Gas Natural Licuado (GNL), área en la que YPF y Tecpetrol proyectan jugosas inversiones.

"Un régimen de generación de privilegios para grandes empresas"

Es un régimen de generación de privilegios para grandes empresas: son privilegios de tipo jurídico, fiscal, tributarios, aduaneros y cambiarios", sostiene Slipak y pone por ejemplo la "rebaja de 10 puntos en el pago del Impuesto a las Ganancias, la posibilidad de usar el IVA como crédito fiscal" y "la posibilidad de amortización acelerada de capital".

Además, cuenta "la posibilidad de que las empresas importen sin ningún tipo de limitación con beneficios aduaneros claros, (lo cual) genera que puedan importar la totalidad de bienes durables de producción e insumos del exterior, incluso sin tener condiciones de calidad, e importar maquinaria usada". Y, sobre todo, "el RIGI no tiene ningún impedimento de acceso por motivos ambientales: no hay ningún condicionamiento de presentación de evaluaciones de impacto ambiental, pero además también limita la posibilidad de aplicación de legislación ambiental" por parte de las provincias.

"Otro de los puntos graves", sostiene el economista, "es el artículo 219, donde a los beneficiarios del RIGI se les da la posibilidad de que ante controversias estado-inversor puedan demandar a la Argentina en tribunales externos con legislación externa, en los cuales en general no hay criterio ambiental. Estas instancias, como el CIADI, están hechas para que las empresas demanden a los Estados, los Estados no pueden demandar a las empresas". En definitiva, "una clara señal a la empresa de que va a poder hacer lo que quiera".

Más facultades para el Poder Ejecutivo

Como viene denunciando FARN, el artículo 160 del proyecto faculta al Ejecutivo a elaborar legislación en materia ambiental. "El ámbito para debatir el piso mínimo uniforme para la gestión ambiental de hidrocarburos en toda Argentina es el Congreso de la Nación. Ese debate no puede verse cercenado por delegaciones legislativas que carecen de precisiones", expresa a este respecto Cristian Fernandez, coordinador del area de Asuntos Legales del organismo.

En ese sentido, el artículo 163 establece que "las provincias no pueden aplicar legislación vigente o generar nueva legislación que vaya en detrimento de los proyectos incluidos en el RIGI", al punto tal que hasta el propio Estado Nacional "puede activar judicialmente contra las provincias". Esto aplica para "todo tipo de legislación", lo cual sugiere fuertemente que no será nada difícil, para las empresas, pasar por encima de las leyes ambientales provinciales. Y todo con aval y protección del Estado Nacional.

"¿Qué pasa en una provincia como Mendoza, que tiene leyes de protección del agua, u otras provincias que impiden el uso de cianuro? Se obliga a las provincias a que no puedan aplicar su legislación", se preocupa Ariel Slipak.

"Ningún dólar se va a terminar quedando, solo los pasivos ambientales"

No hay lineamientos de transición energética esbozados en la norma, ni siquiera en términos de enunciación política. Nosotros fuimos muy críticos con la gestión anterior por no avanzar en grandes transformaciones necesarias vinculadas con la transición energética, pero sí había empezado a tomar los discursos ambientales, climáticos, para establecer pautas mínimas. Acá no aparece eso de ninguna manera, por lo tanto estamos muy lejos de poder empezar a plantear firmemente una transición por parte del Estado”, advierte Cabrera.

Además, las pautas para el GNL contempladas en la ley perpetúan la técnica del fracking fundamentalmente en Neuquén, “con todos los impactos negativos que esto tiene, los consumos de millones de litros de agua que es contaminada y debe ser abandonada, las toneladas de arenas que se traen de Entre Ríos, la generación de miles y miles de toneladas de barros empetrolados que no son tratados y la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea dióxido de carbono o metano, que es el principal origen de cambio climático, uno de los principales problema que tiene la humanidad hoy”.

En este sentido, el artículo 108 de la Ley Bases "apura inversiones en áreas que hasta el momento solo tenían explotación convencional y habilita el ingreso de nuevos jugadores a partir de 2029”, reportan desde el Opsur. En otras palabras, el apartado energético de la Ley incentiva la continuidad de un modelo de explotación que envenena el agua y el aire favoreciendo las técnicas no convencionales, caracterizadas por requerir más agua, arenas y químicos contaminantes que los métodos tradicionales

Ningún dólar se va a terminar quedando y lo único que va a quedar son los pasivos ambientales.

Ariel Slipak

Por su parte, Slipak agrega, contra la creencia generalizada, que la liberación de la actividad hidrocarburífera no generará más trabajo. Allá donde podemos encontrar ese tipo de proyectos, indica, "vemos mayor inequidad distributiva o incluso pobreza, como el caso de Neuquén, que con 10 años de operaciones de Vaca Muerta los indicadores de pobreza e indigencia de los aglomerados urbanos son mayores al promedio de la Patagonia".

Asimismo, asegura que la normativa que promueve el oficialismo "permite que los dólares generados por exportaciones no ingresen al país, porque hay exenciones impositivas para que las empresas distribuyan dividendos, no tienen que ingresar los dólares y se facilitan y estimulan las importaciones por sobre el compre local".

Lo único que va a generar el RIGI, augura, serán "saldos negativos tanto por la vía de la balanza comercial como por la vía de la balanza de pagos. Ningún dólar se va a terminar quedando y lo único que va a quedar son los pasivos ambientales". Basta con mirar "el antecedente de la ley 24.196 de inversiones mineras del año '93, que tras 30 años tiene pocos beneficiarios". Quizás haya que darles más tiempo.

El pronunciamiento completo de FARN sobre la Ley Bases puede leerse en este link y el de Opsur clickeando acá.

Imagen: Télam.

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