Después de años de sometimiento por parte de un “maestro” y “sanador” que las explotó psicológica, emocional y laboralmente, las aisló de sus seres queridos, anuló sus identidades y hasta perpetró abusos sexuales reiterados contra una de ellas, las víctimas de la que se conoció como la “secta de los sanadores egipcios” no vieron ninguna clase de reparación. Más aún, fueron presas.
La Justicia de Córdoba las metió en la misma bolsa que a sus abusadores, Álvaro Aparicio Díaz y Laura Cannes, y las acusó de integrar una asociación ilícita junto a ellos. Cuando un año y medio más tarde palparon la libertad, el alivio les duró poco: Aparicio Díaz está por salir en libertad y Cannes, su esposa, goza de prisión domiciliaria. El pedido urgente de las víctimas de la secta es la elevación a juicio de la causa antes del 17 de marzo, fecha en la que ambos tratantes podrían quedar impunemente libres.
Dos "maestros" ofrecían, en el Valle de Traslasierra, aprendizajes transformadores sobre saberes ancestrales egipcios y “terapias de sanación” consistentes en un milagroso tratamiento, que prometía curar hasta el cáncer. En la pandemia, convencieron a sus adeptos de la inminencia del fin del mundo y los recluyeron junto a ellos en un campo de la localidad cordobesa de Cura Brochero. Incluso organizaban viajes a Egipto para maximizar el aprendizaje.
¿Qué obtenían, en realidad, quienes se acercaban al “maestro Sahú Ari Merek”, como se hacía llamar Aparicio Díaz? Reducción a la servidumbre, trabajos forzosos, entrega completa de sus bienes y dinero, aislamiento de sus seres queridos y, la clave de todo, el despojo de su autonomía y sus identidades, entre otras prácticas “sanadoras”.
La secta quedó en la mira de la Justicia, por primera vez, en agosto de 2020, a través de una joven que denunció ante la Justicia de Villa Cura Brochero a una de las víctimas por falso ejercicio de la psicología. Es que, entre otras cosas, la “Fundación Seshen” otorgaba la posibilidad de convertirse uno mismo en “maestro” y ofrecer terapias, para lo cual, como todo, había que pagar altos costos monetarios y psicológicos.
Las víctimas de la Secta Seshen aseguran haber emprendido un arduo trabajo de recuperación casi en soledad, porque de la Justicia solo obtuvieron, literalmente, castigo. En marzo de 2021, la Fiscalía de Cura Brochero, a cargo de Analía Gallarato, decidió cerrar la investigación y elevar a juicio una causa por supuesta asociación ilícita en la que se acusaba a las propias víctimas de la secta de formar parte.
Reiteradas veces negó el pedido de los abogados defensores y del propio juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien insistía en hacerse cargo de la causa, reorientarla para investigar un delito de trata de personas y liberar a las siete víctimas detenidas. Cuando finalmente lo consiguieron, había pasado un año y medio.
Durante esa nueva etapa de la investigación, tanto Aparicio como Cannes permanecieron detenidos, pero recientemente las víctimas se enteraron por rumores y no por notificación judicial de que Cannes gozaba de prisión domiciliaria. Para más, el próximo 17 de marzo vencen los plazos procesales y, si la causa no es elevada a juicio, el “maestro” podrá quedar libre.
“A mi abogada le pedí que se fije en la causa si le habían comunicado la domiciliaria de Cannes y me dijo que no estaba. Aparentemente fue la Cámara (Federal de Apelaciones de Córdoba) la que se la dio, y ahora están detrás de un sobreseimiento para Cannes. Es una aberración”, consideró L.D., una de las víctimas, en diálogo con este medio. “Tengo miedo de que Aparicio salga en libertad”, expresó a continuación la víctima de la secta y detalló que el tratante “es una persona peligrosa, una persona que no tiene límites”.
En consonancia con la sensación de sus víctimas, el propio juez argumentó, al procesar a los acusados, que “Álvaro Aparicio Díaz habría llevado a cabo en cada una de las víctimas un proceso de persuasión coercitiva destinada a sugestionar su voluntad, a partir de conocer distintos aspectos de sus vidas personales, mediante la implantación mental de que “él” era su única posibilidad de salvación”. Tal proceso comenzaba con una serie de sesiones de “terapia”, durante las cuales Díaz obtenía información elemental sobre sus víctimas para manipularlas más tarde valiéndose de su vulnerabilidad.
Aparicio es una persona peligrosa, una persona que no tiene límites.
L.D., víctima de la secta.
“Como parte del proceso de persuasión Álvaro Aparicio Díaz tergiversaba la información obtenida en las sesiones de “terapia”, a partir de conocer distintas aristas de la vida de las víctimas, para aislar a las mismas de su entorno familiar cercano, instaurando en todos la idea de que sus vínculos no eran convenientes para el éxito de la terapia “Sêshen”, consiguiendo que ellos se entreguen a él con completa devoción”, continuó el juez y destacó como parte de este “proceso de despersonalización” el “bautismo” de las víctimas que practicaba Díaz y la asignación de nombres nuevos en egipcio.
Con esa base, los líderes de la secta forzaron a sus “estudiantes” a entregarles su dinero y sus bienes, llegando incluso a apropiarse de departamentos y automóviles y provocando el endeudamiento de las víctimas, que además de pagar sus propios viajes a Egipto debían pagar los de Aparicio y Cannes. Las tareas a las que forzaban a los afectados en el predio conocido como “Pozos Azules” consistían en “desmalezamiento, recolección de leña, arados para la siembra y recolección de frutos, cría de animales” y hasta fabricación de productos regionales, “todo lo cual debía ser desempeñado desde el inicio del día hasta entrada la noche”.
Con todo esto, para Vaca Narvaja estaba claro que “la finalidad delictiva perseguida por los líderes era la de reducir y mantener a sus víctimas en una situación de esclavitud, servidumbre o condición análoga, lo que implicaba no solo el dominio físico y la restricción de su libertad ambulatoria si no también el dominio psicológico, surgido de una relación signada por el sometimiento y la enajenación de la voluntad de las víctimas”.
Sin embargo, hasta que el juez federal se hizo cargo de la causa, ninguna de estas condiciones era tenida en cuenta: ni el marco de trata de personas, ni la violencia y el nivel de sometimiento psicológico que la misma implica. L.D. relata que en los principios de la investigación llegó a toparse con una abogada que acusó a las víctimas de “estúpidas” y de haber caído en manos de la secta “porque querían”. Esta clase de experiencias, combinadas con la desprotección actual y la falta total de atención, contención y reparación económica que aún sufren las víctimas, muestra a las claras una falta de dimensión (o de interés) sobre la trata de personas y sus efectos.
Así lo ve L.D., quien después de empezar a recuperarse por su cuenta ante el vacío dejado por las instituciones evalúa que “la trata de personas a nivel psicológico, coercitivo, con coacción, y la trata de personas al nivel que llegamos nosotras, las chicas, con esa reducción a la esclavitud o a la servidumbre, además del abuso sexual, es algo que no está visto por la Justicia”. Como prueba de su apreciación se remite a la actitud de la fiscal de Cura Brochero, quien “hizo tanto hincapié en la asociación ilícita cuando realmente era muy visible la trata de personas”: “Nunca puede haber una asociación ilícita donde uno se llena de plata y el resto es todo esclavo de entregar lo que gana a una sola persona”, señala la víctima.
Aunque ya no cree en una Justicia que hizo la vista gorda frente a su inocencia, ella expresa que, “al menos, vislumbrar que hay un poquitito de justicia sería que el juicio saliera, que elevaran a juicio la causa antes del 17, cuando se vencen los plazos procesales para que Aparicio siga preso”.
“Un derecho penal para los ricos y otro para los pobres”
Para L.D., que tanto ella como las otras víctimas de la secta hayan estado presas por tanto tiempo no es un simple error. ¿En qué funda su sensación? Primero, en lo evidente de las características del delito, que indicaba a todas luces que se trataba de una situación de trata de personas. Segundo, en la cantidad de veces que la Fiscalía de Brochero rechazó pasar la causa al fuero federal. “La fiscal que estuvo en la causa nuestra se negó cuatro veces a entregar al juez federal la causa”, cuenta.
Tercero: un hijo de Aparicio y Cannes también está implicado en la causa, pero jamás lo detuvieron. L.D. incluso señala que por las manos de la fiscal de Brochero pasaron escuchas en las que “Aparicio le dice al hijo todo lo que tiene que hacer y decir para hacerse pasar por inimputable”.
Asimismo, recuerda que mientras estaba presa sin razón, su marido sufrió un infarto durante el cual no pudo acompañarlo y le desvalijaron la casa dos veces. Hasta ahora, nada de lo que le quitó la secta de Aparicio le fue devuelto.
Estuvimos un año y medio presas y hace un año y medio que no logramos que nos devuelvan nuestras pertenencias.
“No te reconocen víctima, no les interesa ponerse en comunicación con nosotros y darnos explicaciones. Es más, todavía no hemos logrado que nos terminen de devolver las cosas que nos han secuestrado. O sea, imaginate a qué nivel estamos, ya prácticamente a tres años: estuvimos un año y medio presas y hace un año y medio que no logramos que nos devuelvan nuestras pertenencias. Entonces, es como una revictimización continua desde la Justicia”, expresa.
En igual sentido, L.D. afirma con seguridad que “Aparicio, nos hizo muchísimo daño, pero la justicia de Córdoba fue peor. Porque en lugar de habernos tratado como víctimas y, cuando se dieron cuenta de que éramos víctimas, habernos asistido, se borró, jugó con nuestra vida, y para mí es una burla. Para mí es una tomada de pelo”.
Alguien alguna vez le dijo “que había un derecho penal para los ricos y un derecho penal para los pobres”, pero L. no creyó que fuera tan así. “Bueno, hoy te puedo garantizar que así es. Ni siquiera me lo tienen que contar, porque lo viví. Si vos tenés plata para pagar a un buen abogado, para que trabaje, para que se preocupe por tu causa, vos vas a salir de prisión y va a salir la verdad. Ahora, si vos no tenés con qué pagar, vamos a lo simple. Hacemos un abreviado, te hacés cargo de algo que no existe y esa es la verdad”, pondera.
Si vos tenés plata para pagar a un buen abogado, para que trabaje, para que se preocupe por tu causa, vos vas a salir de prisión y va a salir la verdad. Ahora, si vos no tenés con qué pagar, vamos a lo simple. Hacemos un abreviado, te hacés cargo de algo que no existe y esa es la verdad.
Quedará en manos de la Justicia revertir, al menos en una ínfima proporción, esa realidad enjuiciando a los explotadores antes del 17.
La carta completa de C.A., otra de las víctimas de la Secta Seshen
Las víctimas de Trata estamos padeciendo hace más de un mes nuevamente el terror. Uno de los imputados fue beneficiado con prisión domiciliaria y el próximo 17 de marzo los dos líderes recuperarían la libertad. Estas maniobras de los defensores se están dando de forma irregular y sin ninguna consideración por el peligro que representa para las víctimas y la condición de vulnerabilidad en la que aún nos encontramos.
Después de años de sometimiento y esclavitud, fuimos revictimizadas por el pésimo accionar de la justicia provincial de Córdoba. Y ahora nos enfrentamos nuevamente a decisiones que vulneran nuestros derechos, ya que sospechosamente les otorgan beneficios que en primer lugar a nosotras nos fueron negados sistemáticamente, con el único fundamento de la alta escala penal prevista en la carátula, y en segundo lugar dejándonos sin defensa, ¡ya que actuaron a escondidas! Sí...así como lo digo, el 29 de diciembre a las 13:50 hs la Cámara Federal concede la prisión domiciliaria a Cannes, ¡¡y no notifica a las partes!! Es gravísimo y no es un simple descuido.
Diez minutos antes de la feria los favorecen y nos dejan un mes entero sin abogados, sin psicólogos, sin explicación. Los vecinos de la zona fueron quienes nos alertaron, sobre todo a quienes vivimos en Traslasierra, de que ella estaba en el campo donde fuimos torturadas, donde tenía el centro de operaciones la organización. Y hasta la fecha no fuimos notificadas, por lo cual no pudimos defendernos. Nos consta que hay que gente que sigue captada y colaborando con la organización delictiva, ¡pero seguimos sin ser escuchadas! El equipo de Trata no puede asistirnos porque tampoco fueron informados.
¿Qué podemos pensar si la Justicia actúa a escondidas de los organismos destinados a la protección de las víctimas? ¡Lo mismo que ya vivimos! Que el delito organizado cuenta con el amparo de políticos que contaminan la justicia. ¡Que las leyes no se cumplen y la desprotección jurídica siempre recae sobre los que no tenemos un mango! Ellos viven del usufructo de las propiedades que obtuvieron de la explotación, ¡de nuestra explotación! De los años de vida y los bienes de los que fuimos despojados durante el sometimiento. Y nosotros no logramos ni siquiera que nos avisen cuando nos exponen de esta manera brutal.
Muchos fuimos amenazados por los líderes. El trabajo con las psicólogas, después de salir del shock de estar presas 16 meses siendo víctimas, nos permitió reconocer, recordar y asumir con muchísimo dolor una serie de abusos que no identificamos, y eso generó nuevas denuncias. Es decir, por un lado cada vez hay más víctimas y más denuncias y por el otro los tratantes recuperan su libertad y les otorgan beneficios "fuera de horario" y sin avisar exponiendo la integridad de las víctimas y los denunciantes. Disponen de sus bienes para vivir de rentas a costa de lo que nos quitaron. ¿Estará descalibrada la balanza de la Justicia en Córdoba? ¿O hay otros intereses que desconocemos en permitir que Argentina sea vista como un buen lugar donde llevar a cabo el segundo delito más rentable después del narcotráfico?
El mensaje es claro. ¡Las víctimas no importan! Se condena sin piedad y sin pruebas a cualquier vecino por una sospecha. El ciudadano de a pie es detenido por cualquier mínima infracción pero, cuando la denuncia recae o afecta el prestigio de los políticos, son innumerables las maniobras y excusas para que no pisen la cárcel. Hace muchos años ya la criminología entiende que la víctima de delito tiene un rol importante en la detección y prevención de delitos, existen leyes para proteger, acompañar, y garantizar la recuperación y reparación del daño sufrido. Todo eso es ignorado. Y al final es el propio sistema judicial quien se encarga de revictimizar, cuando ignora la realidad, cuando se escuda en la burocracia administrativa para beneficiar deliberadamente a los culpables.
Cuando fuimos arbitraria e injustamente detenidas, la reducción a la condición de objeto fue tanto o más terrorífica que la coerción que sufrimos por los tratantes, porque alcanzó a nuestras familias, nuestros hijos, amigos, no es gratuito para un niño que su mamá desaparezca de un día para otro. No se hicieron presentes los derechos humanos ni para respetarlos a ellos y ahora, bajo esos mismos derechos, dos personas que arruinaron cientos de vidas podrían recuperar su libertad.
Una de ellas prácticamente ya la tiene, en el campo no hay señal, son 80 hectáreas, no hay puertas, no hay manera de asegurar que se cumpla la prisión domiciliaria y el terror es para las víctimas, quienes no contamos con ningún tipo de protección. Cuando pregunté qué hacer, me dijeron "si la ve fuera del campo ponga una denuncia" y me pregunto, ¿para qué? Si tiene 200 denuncias por delitos gravísimos y la propia Justicia le dio ese beneficio. Al final no sé a qué tenerle más miedo, si a las amenazas de los tratantes o a la desprotección jurídica.
C.A., víctima de la secta liderada por Álvaro Aparicio Díaz y Laura Cannes.
