El fiscal federal Ramiro González imputó a Alberto Fernández por el presunto delito de malversación de fondos. También hizo lo propio con el extitular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano; y Héctor Martínez Sosa, sospechados negociados en la ANSES con la contratación de seguros para los jubilados que tomaban créditos y las millonarias comisiones que se pagaron a intermediarios cercanos.
Dicha causa se da en el marco de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez. El Ministerio Público Fiscal investiga la presunta malversación de caudales públicos, junto al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. También los acusa de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Según consta en la denuncia que dio origen al expediente judicial, se expuso que la trama de la contrataciones opacas reveladas a través de una publicación de una nota. Allí se confirmó que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17%. Esto significa tres veces mayor a la del mercado.
De esta forma las ganancias por comisiones rondan los $300 millones mensuales y $20 mil millones anuales. Según la información que trasciende, Pablo Torres García, de ANSES; y Héctor Martínez Sosa, esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, habrían sido los beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones.
"Quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto", señalaron. Ante la información que consta en la denuncia penal, el fiscal Ramiro González consideró que hay elementos suficientes para iniciar la investigación e imputar a los responsables de la maniobra, incluido Alberto Fernández.
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