En el segundo día de debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el Gobierno envió un nuevo texto con cambios que buscan destrabar dos de los puntos más discutidos: privatizaciones y facultades delegadas, caballitos de batalla en los que el Ejecutivo no quería ceder.
Respecto al primer punto, el proyecto actual declara "sujetas a privatización" a 30 empresas y sociedades del Estado, 9 menos que antes. De estas, 30 podrán ser privatizadas por completo, mientras que otras tres (Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT) podrían ser parcialmente privatizadas con la condición de que el Estado conserve la mayoría de la participación, ya que se consideran estratégicas para el país. Dado que YPF se encuentra en esta categoría, se excluyó de la lista.
Entre las empresas que quedaron fuera de la lista se destacan Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de agua de Dionisio.
Sobre esto, el Gobierno accedió a remover las emergencias en materia de defensa, social, previsional, fiscal y sanitaria, mientras que persisten la económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Además, las facultades se le otorgarán al presidente por un año, con la posibilidad de ser prorrogado por el Congreso por el plazo de un año más.
En este sentido, desde los sectores dialoguistas reconocieron que las posiciones se acercaron cuando el oficialismo eliminó la emergencia fiscal y previsional.
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