La diputada de La Libertad Avanza Carolina Piparo, quien tras varias idas y vueltas finalmente no fue designada como titular de la ANSES, podría convertirse en un obstáculo para el proyecto de Ley Ómnibus del gobierno de Javier Milei.
En un contexto que parecería ser favorable para el oficialismo, en la última semana el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, habían realizado algunos ajustes en el proyecto de ley para tener un respaldo asegurado y obtener el quórum en el recinto.
Sin embargo, esto no parecería ser suficiente para Píparo, quien través de su cuenta en X (exTwitter), expresó sus reservas respecto al proyecto de ley y enfatizó que existen aspectos con los que no está de acuerdo. Todavía no confirmó su voto para la próxima semana.
Al principio del hilo, la diputada fundamentó sus diferencias con el proyecto en el reclamo de los artistas contra el capítulo cultural. En línea con la postura oficialista, cuestionó que el Estado sea responsable de asegurar ingresos a los artistas mientras una parte significativa de la población vive en la pobreza.
“Mientras casi la mitad de los argentinos siga sumido en la pobreza y sin posibilidades reales de inclusión, será inadmisible que el Estado sea el responsable de asegurarle ingresos a los artistas”, expresó en ese sentido.
Sin embargo, según trascendió, Píparo no respalda algunos elementos clave del proyecto. En primer lugar, rechaza la ausencia de una nueva fórmula de movilidad previsional. Lo había advertido el pasado 11 de enero en sus redes sociales, cuando apuntó que debe ser “prioridad generar certezas mediante una fórmula clara, previsible y justa”. En segundo lugar, critica la viabilidad del juicio por jurados, considerándolo loable pero de implementación difícil.
En concordancia con las demandas del bloque kirchnerista, Píparo tampoco comparte la opinión de Milei sobre la privatización de algunas empresas estatales (aunque no se proporcionaron detalles específicos al respecto). Además, se opone a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, una postura que ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la oposición.
