El Gobierno se encamina hacia el recorte de subsidios al gas y al diseño de un nuevo esquema de segmentación. En ese contexto, durante la audiencia pública convocada para discutir el aumento de tarifas, las empresas reclamaron fuertes subas en sus ingresos que repercutirían notoriamente en el valor que pagan los usuarios.
Este lunes se realizó una audiencia pública virtual para discutir la actualización de las tarifas de gas, de cuya apertura estuvo a cargo el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo. "La segmentación actual se mantiene hasta el 1° de abril de 2024, el nuevo esquema de subsidios entrará en aplicación a partir de dicha fecha, previa audiencia pública que se realizará al efecto", indicó el funcionario.
También refiriéndose a la segmentación, Chirillo añadió que "los usuarios (de los tres niveles) siguen recibiendo subsidios generalizados porque los precios mayoristas no cubren los costos". De este modo, el Gobierno se propone aplicar considerables aumentos, a partir de febrero, en los tres componentes de la tarifa: el PIST, la distribución y el transporte.
Cabe recordar que el PIST es el punto de ingreso al sistema de transporte y representa la mayor proporción del costo de la factura final. Conforme sostiene la actual gestión, los consumidores pagan un 17% del costo de estas tareas y el plan es trasladar la totalidad a las tarifas en tres tramos durante los próximos tres meses.
Metrogas reclamó un aumento de entre el 438 y el 704% para usuarios residenciales según el segmento al que pertenezcan.
En lo relativo a la distribución y el transporte, las empresas pidieron fuertes subas en sus ingresos. Por poner un ejemplo, la principal distribuidora del AMBA, Metrogas, reclamó un aumento de entre el 438 y el 704% para usuarios residenciales según el segmento al que pertenezcan, lo cual impactaría con una suba del 30% en la factura final.
El rechazo de Consumidores Libres a los aumentos en el gas
Entre los 124 participantes de la audiencia pública se contó la cooperativa de Consumidores Libres, la cual denunció que los aumentos propuestos para el gas son incompatibles con la situación de los usuarios, cuyos ingresos no aumentan ni de lejos al ritmo de los precios.
“Consumidores Libres se opuso a un aumento tarifario que oscila entre el 300% y el 700% que resulta incompatible con la situación de emergencia social en que nos encontramos”, se lee en el comunicado de la cooperativa. Además, señalaron “que la audiencia pública no puede cumplir su cometido puesto que se carece de la información necesaria para abordar la cuestión”.
Así, precisaron que “solo se cuenta con información suministrada por las empresas interesadas en los aumentos sin ningún análisis ni convalidación del ENARGAS”. Tampoco “se acompañó ningún proyecto de Adecuación Tarifaria Transitoria elaborado por la autoridad pertinente (que se encuentra elaborada y oculta), ni se ha determinado ni sometido a debate el valor del gas en boca de pozo (PIST) durante el período de aplicación de esta Adecuación Tarifaria Transitoria”, completaron.
En virtud de lo denunciado, Consumidores Libres reclamó que se decrete un cuarto intermedio “hasta tanto se ponga a disposición del público dicho material por un plazo razonable y luego se reanude la audiencia”, y que, de lo contrario, se plantee su nulidad.
Finalmente, enumeraron una serie de posiciones y reclamos, entre ellos:
- Oposición a la aplicación de aumentos mensuales y automáticos de tarifas por aplicación de índices de actualización solicitados por las empresas por resultar incompatibles con los ingresos de los usuarios que no están sujetos a actualización mensual;
- Exigir que se determine y realicen audiencias públicas para determinar el valor del gas en boca de pozo (pist) y su ulterior incidencia en las tarifas;
- Se fije una tarifa social para los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad;
- Solicitar que los aumentos sean paulatinos y proporcionales a los ingresos de los usuarios tratándose en forma diferenciada y más favorable a las tarifas residenciales;
- Solicitar que los aumentos se realicen exclusivamente sobre los cargos variables sin incrementar los fijos;
- La eliminación inmediata de la carga impositiva sobre las tarifas de los usuarios residenciales de menores recursos y la disminución paulatina del resto de los usuarios residenciales;
- La limitación del principio de neutralidad impositiva a “los impuestos sobre las tarifas” excluyéndose del mismo cualquier otra carga tributaria, en especial la de las tasas (art. 41 ley 24.076);
- Oposición a que se considere al “gas natural no contabilizado” (pérdidas de gas en su transporte y distribución) como un costo para la determinación de la tarifa, tal como lo solicitan las prestadoras por ser un riesgo empresario asociado a la eficiencia del prestador.
