Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestaron, con un poco de amnesia de República, su apoyo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
"CRA desea manifestar su apoyo a la línea trazada en materia de transformación del Estado y cambios en las normativas legales, comerciales, productivas y laborales anunciadas por el presidente de la Nación, Javier Milei", comienza el comunicado de la entidad agropecuaria.
Por su parte, CARBAP expresó "su respaldo a las medidas anunciadas por el Presidente Javier Milei, en línea con desregular el Estado e ir en busca de la eliminación del déficit fiscal", entre otras cosas.
Obviamente los comunicados son más extensos y están poblados de argumentos de apoyo a las medidas, pero lo llamativo es que en ninguno de los dos casos se hizo algún tipo de reparo a que estos cambios se dan a través de un DNU.
Solo CRA hace mención a la "cautela", pero la invoca para "poder analizar punto por punto cada elemento del DNU anunciado", no para poner la lupa sobre las formas.
La República olvidada de los ruralistas
¿Por qué debería ser llamativo que ninguna de las dos entidades repare en que los cambios se dan vía DNU? Porque precisamente las dos entidades se han llenado la boca hablando de la República y la necesidad de respetar la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
"El respeto entre los poderes del Estado, base para una República democrática", titulaba CRA el 6 de mayo de 2021. "La independencia de los Poderes del Estado, es inherente a la esencia de la República y resulta un valor indiscutible, si se pretende vivir en una República institucionalizada", decía CARBAP el 30 de enero de 2022.
¿Y qué decían las entidades cuando los cambios se imponían por DNU?
"Otro atropello a la legalidad y la propiedad privada", titulaba CRA su comunicado del 23 de diciembre de 2022 en relación al DNU 841/2022 del Gobierno Nacional al cual consideraron "de dudosa constitucionalidad", argumentando que "mediante un DNU, el Poder Ejecutivo se abroga facultades legislativas en contra de lo dispuesto por el artículo 99.3 de la Constitución Nacional".
¿Qué dice el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional? Establece que el Poder Ejecutivo puede dictar Decretos de Necesidad y Urgencia cuando circunstancias excepcionales lo requieran y no se pueda esperar la reunión del Congreso: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo".
Con este artículo e inciso como instrumento legal, CRA judicializó el DNU 841/2022 del Gobierno Nacional. Era otro gobierno y otro DNU, claro está.
No todos los pelados son iguales, pero...
Por su parte, desde la la Zona VII de CARBAP en junio de 2020 explicaban que "mediante los DNU, el Gobierno Nacional incurre en la violación general de varios derechos de la ciudadanía, en particular el de propiedad privada, desconociendo además la División de Poderes, avasallando así al Poder Judicial".
En este caso el DNU en cuestión era otro completamente distinto (expropiación de Vicentín), pero los argumentos expuestos en ese entonces hacen hincapié en la División de Poderes y en la violación de los derechos de la ciudadanía.
Independientemente de si el DNU de Javier Milei es constitucional o no, o si es el camino correcto para que la Argentina salga de la crisis en la que se encuentra, los comunicados de CRA y CARBAP dejan muy en claro una cosa: la República, la División de Poderes y las formas solo importan cuando no son ellos los beneficiados.
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