La Cámara Federal confirmó el procesamiento de dos ex funcionarios, Pablo Palá y Alexis Lesa, por hacer inteligencia ilegal sobre el ex Director General de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Antonio Stiuso, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado unas semanas antes del crimen del fiscal Alberto Nisman.
Lesa es el director de Informática del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien junto a Palá integran el llamado grupo Octógono, allegado al ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri. El procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini fue confirmado por la Sala II de ese tribunal de alzada integrado por Martín Irurzun y Eduardo Farah.
Se trata de una parte de la denuncia que formularon la candidata presidencial Patricia Bullrich y la ex diputada Paula Alonso en 2015, la cual afirmaba que la AFI conducida por Oscar Parilli funcionaba como un sistema de espionaje ilegal para seguir a políticos opositores, jueces, fiscales y periodistas.
La lista entregada por Bullrich y Alonso incluye a los miembros de la Corte Suprema, jueces y fiscales federales, referentes políticos de casi todas las fuerzas opositoras desde Mauricio Macri y muchos legisladores del PRO hasta varios dirigentes del Partido Obrero, más Lilita Carrió, Sergio Massa y Felipe Solá. También empresarios como José De Mendiguren o Sebastián Sánchez Sarmiento, de Ausol, además de muchos directivos del Grupo Clarín y sus empresas.
La denuncia inicialmente estuvo en manos del juez Sebastián Casanello y luego pasó al juzgado de Ercolini. La investigación incluyó revisar si se controlaron los movimientos migratorios, y ahí aparecieron las consultas sobre Arroyo Salgado, viuda de Nisman, y Stiuso, quien había sido desplazado días antes por el gobierno de Cristina Kirchner, en el marco de una reforma del organismo que pasó a llamarse AFI.
Stiuso, querellante en la causa, sostuvo que los monitoreos sobre sus movimientos y los de su familia estaban relacionaba a una persecución llevada adelante por autoridades de ese entonces de la SIDE y de la AFIP. En este contexto, entregó datos como los ingresos ilegales de la AFI a la base de datos de Migraciones sin orden judiciales para buscarlo.
Luego de años de investigación, la Cámara Federal confirmó estos procesamientos y ordenó a Ercolini profundizar la investigación. En todos los casos de movimientos observados a Arroyo Salgado y Stiuso, “se activó una dirección de IP asociada al domicilio en Paraná, Entre Ríos, que era ocupado por Palá y Lesa y a un teléfono también vinculado a ellos. Ambos –se averiguó- tenían a la época contratos con dependencias públicas de la Provincia mencionada y especialidad en informática”, señaló el fallo.
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