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Política

La jueza Servini ratificó que un atentado atribuido a Montoneros no fue un acto de terrorismo

El comedor de la PFA tras el atentado atribuido a Montoneros.

La jueza María Servini sostuvo que el atentado al comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal del 2 de julio de 1976, atribuido a la organización Montoneros, no puede considerarse delito de lesa humanidad, crimen de guerra ni acto de terrorismo. De este modo, ratificó así su negativa a reabrir la investigación, acción a la que ya se había negado en el pasado.

María Servini volvió a tomar una decisión sobre el atentado al comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal atribuido a Montoneros. Lo hizo luego que en junio del año pasado la Cámara Federal porteña declaró nula su primera definición al respecto y le ordenó volver a analizar el tema, a pedido de un grupo de querellantes que se presentó en 2021.

De este modo, Servini rechazó por segunda vez reabrir la causa, en una decisión que ya fue apelada ante la Cámara Federal porteña. En su nueva resolución, la jueza ratificó que es "cosa juzgada" por jurisprudencia de tribunales superiores la decisión de no considerar de lesa humanidad a los hechos del 2 de julio de 1976, que se consideran prescriptos.

Se trata del atentado explosivo al comedor de Coordinación en la PFA en Moreno 1431 de la ciudad de Buenos Aires, que causó 24 muertos y al menos 60 heridos.

En su primer rechazo al planteo de reapertura, la magistrada había tomado esa decisión "in limine", es decir, sin analizar los argumentos de los querellantes y basada en la prescripción por no ser delito de lesa humanidad. En esta nueva resolución analizó los argumentos por orden de la Cámara Federal y llegó a la misma conclusión.

La posición de Servini tras rever la denuncia contra Montoneros

Sucede que, si un delito es considerado de lesa humanidad, se considera también imprescriptible, pero para Servini no es el caso de los hechos de 1976, que por ende estarían ampliamente prescritos. Así, la jueza reiteró que el tema es "cosa juzgada" y que la discusión "acerca de la calificación de los delitos investigados se encuentra agotada", en sintonía con un dictamen fiscal que también rechazó reabrir la investigación.

El 10 de julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ya rechazado por "inadmisible" un recurso extraordinario contra un fallo que sobreseyó por prescripción a siete acusados en esta causa.

“Fueron mis superiores quienes ratificaron y concluyeron que el suceso criminal acontecido el 2 de julio de 1976 en la sede de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina atribuido a la organización Montoneros no configuró un delito de lesa humanidad ni un crimen de guerra", puntualizó la jueza en el fallo citado por Télam.

Tampoco fue "un acto de terrorismo en los términos de la definición prevista en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, ni una grave violación a los derechos humanos", agregó.

El comunicado del Ministerio de Justicia

Por su parte, el Ministerio de Justicia se pronunció sobre la decisión de la jueza en un comunicado oficial, en el cual recalcó que el pedido de reabrir la investigación y de considerar al delito como de lesa humanidad fue hecho por “asociaciones defensoras de represores”.

“La Justicia sostiene ininterrumpidamente desde 2001 que el accionar represivo del Estado durante la dictadura cívico-militar constituye crímenes de lesa humanidad y en consecuencia imprescriptible; y que hay un deber de investigar, juzgar, sancionar y reparar a las víctimas”, se lee en el mensaje.

Este tipo de denuncias intentan equiparar el terrorismo de Estado con la actuación de organizaciones políticas y volver a instalar la “teoría de los dos demonios”.

Ninguno de esos elementos se aplica a estos hechos cometidos por organizaciones políticas, como ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y diferentes tribunales en esta y otras causas”, remarcaron desde el Ministerio.

Además, denunciaron que este tipo de planteos busca “equiparar el terrorismo de Estado con la actuación de organizaciones políticas y volver a instalar la ‘teoría de los dos demonios’ para garantizar la impunidad de quienes secuestraron, torturaron, abusaron, asesinaron, desaparecieron y se apropiaron de cientos de niños y niñas”.

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