Cuando se cumplen dos semanas desde la Marcha Federal que partió desde distintos puntos del país e involucró un acampe en Plaza de Mayo, Unidad Piquetera vuelve a marchar, esta vez con consignas específicas contra la legislación represiva y apuntando a una serie de hechos ocurridos en Salta y Jujuy.
Este jueves Unidad Piquetera vuelve a marchar en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso partirán desde el Obelisco, donde concentrarán desde las 10 de la mañana, para dirigirse hacia la casa de Salta y hacia la casa de Jujuy, ubicadas en Roque Sáenz Peña al 900 y en Santa Fe al 900, respectivamente. Las razones para movilizarse manifestadas por la organización tienen que ver con “la ley antipiquetes que impulsa el gobierno” salteño y con “la reforma de Morales y el PJ” en Jujuy.
“Avanza en Jujuy una Constitución ultra represiva que Gerardo Morales quiere legalizar con la suma del poder público por parte del Poder Ejecutivo, dándole rango constitucional al Ministerio Público de Acusación y disciplinando la legislatura a las necesidades del gobernador”, sostuvo a este respecto la organización social en un comunicado.
“Al mismo tiempo pretende reforzar la criminalización de la protesta y reasegurar los enormes negocios capitalistas que existen hoy en Jujuy, principalmente con el saqueo del litio”, añadieron los organizadores, previo a indicar que la manifestación será “para repudiar el avance represivo de todos los gobiernos”.
Asimismo, Unidad Piquetera se opone a la media sanción que obtuvo en Salta la “ley antipiquetes”, que entre otras cosas establece que quienes organicen una manifestación en la vía pública deberán avisar con 24 horas de antelación y proporcionando datos de los responsables de la organización. Además, estarán obligados a garantizar "el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos" y "la circulación de personas y/o vehículos".
A este respecto y en línea con el reclamo de Unidad Piquetera, el Partido Obrero sostuvo que el proyecto “avanza en una prohibición específica contra el derecho de huelga de los trabajadores de la salud, la educación y el transporte”. En este sentido, denunciaron que “cualquier intento de reglamentación de los reclamos populares no tiene otro objeto que tratar de impedirlos y sancionarlos”.
“Está claro que esta media sanción es una confesión del régimen gobernante, que tiene a Sáenz a la cabeza, de que no habrá ninguna respuesta favorable al reclamo de docentes y trabajadores de la salud y de que además preparan nuevos ataques contra el pueblo, como los tarifazos que ya están siendo anunciados”, agregaron en el comunicado. Finalmente, calificaron al gobernador Sáenz como un “ejecutor en Salta del ajuste de Massa, Fernández y el FMI, que implica un enorme retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores y que van a imponer con represión”.
