El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este miércoles el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa en la que se investiga si tuvo alguna vinculación con las maniobras de lavado de dinero por las que fuera condenado el empresario Lázaro Báez.
El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen que le presentó al juez federal Sebastián Casanello en el que remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo "directo" entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada para convocarla a indagatoria.
El caso conocido mediáticamente como "La Ruta del Dinero K" comenzó en abril de 2013 y tuvo un juicio oral y público que concluyó con el empresario Lázaro Báez condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a 12 años de prisión.
La Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal redujo esa pena en febrero de este año a 10 años de prisión. La suma de dinero lavado por la que el TOF 4 condenó a Báez es de 65 millones de dólares. Hay una parte de la causa que no llegó a juicio oral, allí la Vicepresidenta fue indagada y el juez Casanello le dictó la falta de mérito.
De esta forma, el fiscal Marijuán pidió una serie de medidas de prueba y luego del resultado decidió solicitar el sobreseimiento. Para el fiscal está probado que Báez y la vicepresidenta eran cercanos y mantuvieron hasta 372 comunicaciones entre octubre de 2010 y abril de 2013.
Lázaro Báez tuvo al menos 372 contactos telefónicos (con Cristina Kirchner) en un período de poco más de dos años.
Fiscal Guillermo Marijuan
El fiscal resaltó es su dictamen: "La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años".
Párrafos más abajo sostuvo que "de esas comunicaciones, 4 se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez", por lo que sostuvo que eran "algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido".
Cómo llegó a estar imputada la vicepresidenta
La expresidenta había sido imputada después de que Leonardo Fariña, quien confesó haber lavado dinero para Báez, declarara como arrepentido que Cristina Kirchner estaba involucrada y asegurara que Báez se refería a ella como "la jefa".
Fariña también explicó que la enemistad entre la titular del Senado y el empresario amigo de su marido comenzó después de la muerte de Néstor Kirchner.
"Lázaro guardaba parte del dinero de Néstor Kirchner proveniente de los negocios y cuando Néstor muere, Cristina no estaba al tanto de todo lo que Báez tenía. Esto me lo contó Lázaro Báez a mí, como se lo contaba a un montón de personas", declaró el arrepentido y agregó: "Por este motivo, los primeros movimientos de dinero al exterior se hicieron posteriores y muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner".
Con esa declaración más los datos brindados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) pidieron la indagatoria de Cristina Kirchner durante el gobierno de Mauricio Macri. El fiscal Marijuán también había pedido la indagatoria.
El juez Casanello había rechazado estos pedidos y fue la Sala II de la Cámara Federal porteña la que ordenó la indagatoria de la titular del Senado. En septiembre de 2018 indagaron a la expresidenta y negó los cargos en su contra.
En noviembre de 2018, el juez le dictó la falta de mérito y ordenó varas medidas de prueba. Y Marijuán solicitó otras, entre las que se halla el cruce de los 372 llamados, que se produjeron. El fiscal también recordó que la exjefa de Estado fue condenada por el delito de administración fraudulenta a la pena de seis años de prisión por el Tribunal Oral Federal 2. La sentencia fue apelada.
“Claramente, esta sentencia ratifica que el dinero ilícito de Lázaro Antonio Báez provenía mayoritariamente de la asignación irregular de obra pública con la que fue beneficiado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”, sostuvo en su dictamen Marijuán.
Por qué el fiscal pide el sobreseimiento de Cristina Kirchner
"Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió" interrogarla, sostuvo el fiscal.
"A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo", remarcó Marijuan.
"Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su 'patrimonio', que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento", señaló.
En el fallo invocado por Marijuan, los jueces del máximo tribunal penal confirmaron que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares aunque votaron de manera dividida al expedirse sobre el origen de esos fondos. Los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que el juez Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.
El fiscal Marijuan sostuvo en su dictamen de hoy que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación "resulta a todas luces desacertado" porque implica "anular" como delito precedente "la asignación irregular de obra pública", lo que a su criterio implica "esconder una realidad innegable".
Tras todo ese análisis, Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación "en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero".
Con información de Télam
