El Gobierno de Chile anunció que movilizará más contingentes del Ejército, vehículos blindados y helicópteros a la Región de La Araucanía, donde los militares que colaboran en el mantenimiento del orden público declararon una alerta roja por el incremento de la violencia rural.
El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, reconoció que en la región, ubicada 700 kilómetros al sur de Santiago, se han producido varios ataques incendiarios y con armas de fuego a una comisaría, a camiones de madera y al domicilio de Héctor Urban, uno de los redactores de la nueva Constitución electo el fin de semana pasado.
“Respecto a la familia de Urbán, esperamos poder recibir al consejero constitucional. Hemos llevado adelante las gestiones para que ese encuentro se produzca. Hay una medida de protección dictada en torno a la familia y, por tanto, hay funcionarios policiales que están cumpliendo con la medida de protección”, manifestó Monsalve.
Respecto a la familia de Urbán, esperamos poder recibir al consejero constitucional. Hemos llevado adelante las gestiones para que ese encuentro se produzca
En la zona apareció un cartel con una leyenda que pedía la liberación de “presos políticos” de la etnia mapuche, que refieren, entre otros, al comunero Héctor Llaitul, encarcelado desde agosto del año pasado. El gobierno afirma que todos los presos lo están por cometer delitos.
En La Araucanía y el Biobío, las comunidades mapuche exigen la devolución de territorios ancestrales registran minorías que reivindican el uso de la fuerza, mientras la mayoría mantiene la misma demanda que está siendo impulsada como política pública por el ministerio de Bienes Nacionales. Al mismo tiempo, el año pasado se develó una red de contrabando de madera vinculada a las gigantescas empresas forestales que dominan la región con plantaciones de monocultivos.
Boric afirma que busca solucionar el conflicto con el pueblo mapuche mediante el diálogo, para lo cual designó una comisión especial para que cuantifique la cantidad de territorios ancestrales cuya devolución es exigida por los indígenas y cuántos se podrían retribuir. Hasta ahora sus medidas habían logrado pacificar una región que tuvo en 2021, durante las elecciones, su período de mayor conflictividad.