El ministro de Economía, Sergio Massa, dispuso la intervención de Edesur a partir de este martes por 180 días después de los cortes de luz prolongados que tuvieron lugar estas últimas semanas debido a las olas de calor. A partir de mañana el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, será el interventor.
Si bien la intervención de Edesur por parte del Poder Ejecutivo no significa que ejerzan un control operativo sobre la empresa, sí monitorearán sus planes de inversiones y de la prestación de servicio. Desde el Ministerio de Economía aseguraron que esto "no afectará los derechos de los accionistas".
De esta forma, la controladora ENEL no podrá recurrir al tribunal del Banco Mundial, que dirime disputas contractuales entre Estados y compañías privadas, para reclamarle al Gobierno nacional por incumplimiento de contrato.
Las multas y el objetivo de la intervención
Además, el Ente Nacional de Regulación de Energía (ENRE) evalúa nuevas multas millonarias a la compañía por la calidad del servicio. En total, las multas que se formalizarían las próximas semanas alcanzarían los $2700 millones, según adelantó Massa.
"Los cortes de luz en comercios y casas fueron las imágenes que marcaron la agenda de los últimos 15 días en la Argentina y sobre todo en el AMBA", recordó el ministro y determinó: "En ese sentido, la eminente decisión de ENEL de poner en venta Edesur aparece de alguna manera como un factor de incertidumbre".
Además, el jefe del Palacio de Hacienda explicó que el objetivo de la intervención es "la fiscalización de las obras y de cumplimiento de la mejor en el servicio que debe tener la empresa. Una situación como la que nos tocó vivir a miles de argentinos en los últimos 15 días no se pueden tolerar más".
La secretaria de Energía, Flavia Royón, informará al mercado de capitales cuáles fueron los incumplimientos detectados por la inspección del ENRE. Ese informe preliminar luego será entregado al Congreso Nacional. También estuvieron presentes el secretario de Legal y Técnica, Ricardo Casal, y el titular del ENRE, Walter Martello.
"Queremos dejar claro que no se afecta el contrato de concesión ni el derecho de los accionistas, pero que el Estado va a fiscalizar el cumplimiento del contrato", concluyó el expresidente de la Cámara de Diputados y advirtió: "No podemos permitir que el servicio público, un servicio básico, se vea afectado por incumplimiento de las empresas".
