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Sociedad

Claudia Cesaroni: "Los políticos tienen pánico de expresarse públicamente contra el punitivismo"

Cesaroni

A la abogada Claudia Cesaroni le tocó este verano ser un personaje a contracorriente de la opinión pública. Con la hipermediatización del caso Báez Sosa, el juicio se volvió tema en hogares, trabajos y medios de comunicación, que clamaron por una pena que se confirmó en los tribunales.

Cesaroni, sin embargo, se plantó firme en su ámbito de acción- redes sociales y entrevistas- contra este sentido común, lo que le valió cuestionamientos, insultos y mucho odio.

Lejos de amilanarla, sin embargo, los cuestionamientos le dieron altavoz a una disidencia que presiona sobre teclas sensibles de la relación entre Estado y sociedad, y a las que ella ha dedicado toda una vida de investigación y militancia.

Por estos días, además, Cesaroni se prepara para conmemorar este 14 de marzo el aniversario número 45 de la Masacre del Pabellón Séptimo, producida en 1978, en la que al menos 65 presos murieron quemados, asfixiados y baleados en la Cárcel de Devoto. La causa, en la que es querellante, fue declarada de lesa humanidad en 2014 y desde entonces, está sometida a una intensa puja, en la que también inciden los vientos políticos que mueven a la Argentina.

-¿En qué estado se encuentra esta causa?

-Está dividida. Una parte fue elevada a juicio con cuatro imputados, uno de los cuales lamentablemente falleció el año pasado. Estamos esperando que el tribunal fije fecha para el juicio. La otra parte de la causa está en el juzgado de instrucción de Daniel Rafecas y también está estancada. Este miércoles tendremos una reunión para destrabar esa parte. A mí no me interesa estar años persiguiendo, tipo requisa, a personas de 80 años. Nos importan los jefes y nos interesa la pata judicial: a Eduardo Guanziroli, que es camarista federal y que no lo han sometido ni siquiera a indagatoria ¡A 10 años de abrirse el proceso! Él fue el secretario del juzgado que intervino tras la masacre y que no investigó. El fiscal federal fue Julio Strassera.

-¿Y por qué es políticamente importante que la causa haya sido declarada de lesa humanidad?

-Está declarada de lesa humanidad por una sala de la cámara federal, pero no hay una sentencia que condene a los imputados como autores de delitos de lesa humanidad, que es lo que más nos interesa al equipo. Mucho más que las condenas en sí mismas. Es importante porque sería el primer caso de la historia argentina en el que se condena a funcionarios del sistema penitenciario por cometer delitos de lesa humanidad contra presos comunes, no presos políticos. Y esa es nuestra pelea: que se reconozca que los presos comunes también fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. Eso es difícil de lograr porque estuvo más de 38 años archivada porque en la dictadura prefirieron comprar el discurso penitenciario, que era un vulgar motín, sin ninguna indagación. Dijeron que los funcionarios entraron a una requisa y los presos se prendieron fuego a sí mismos.

Sería el primer caso de la historia argentina en el que se condena a funcionarios del sistema penitenciario por cometer delitos de lesa humanidad contra presos comunes, no presos políticos.

Esa historia logramos desarchivarla y se la llevamos a Rafecas, que la delegó en el fiscal Federico Delgado, quien dictaminó que a lo sumo esto podía entenderse como una grave violación a los derechos humanos, pero no una causa de lesa humanidad. Rafecas tiene la teoría de que la dictadura ejerció un politicidio (una matanza con fines estrictamente políticos), por lo que esta figura de los presos comunes no le cuadraba. La declaró imprescriptible, pero pidió que lo investigara la justicia ordinaria. Nosotros presentamos un recurso contra esa decisión a la Sala 1 de la Cámara Federal- la de Ballestero y Freiler- y nos dieron toda la razón. En agosto de 2014 fallaron que el delito era de lesa humanidad y por tanto, tenía competencia federal.

La causa fue elevada a juicio en junio de 2021, hace dos años, pero la situación ha cambiado mucho. Ahora los imputados, que no están detenidos ni nada, van a una sala donde están los jueces Borinsky y Llorens, que tienen un criterio completamente diferente y han dicho que la causa no es de lesa humanidad, que está todo prescripto y que los familiares tiene que irse a su casa.

- Entiendo que has tenido que dar una lucha hacia el interior de las organizaciones de derechos humanos en torno a la diferenciación que se ha hecho históricamente entre casos que afectaron a militantes políticos y a presos comunes

-Ese es mi interés principal. Esa doble vara en el discurso de las organizaciones de derechos humanos. Ellos han tendido a preocuparse de la cárcel solo cuando hay militantes. Solo cuando vieron en pijama a Boudou se enteraron de que se llevan a la gente de manera humillante, de que hay gente encarcelada en prisión preventiva.

-El consenso democrático se construyó sobre un ejercicio de memoria que sacó importantes conclusiones sobre cómo se construían las condiciones para la persecución política, pero no tuvo un desarrollo similar para entender cómo se construyeron las condiciones de esta matanza

-Justamente, porque en esto nadie ha dicho nunca más. Hubo un montón de episodios después de esa masacre, en dictadura y democracia, en que se ha matado a cientos de personas. La del penal de Santiago del Estero, con casi 39 muertos; en Magdalena, Provincia de Buenos Aires, con 36, por ponerte dos ejemplos. Ni hablar de muertes en comisarías que suceden todos los años. Una de las principales condiciones para que eso suceda es la construcción de la figura del delincuente como alguien que sería mejor que estuviera muerto.

Claudia Cesaroni publicó hace ya 10 años "Masacre en el Pabellón Séptimo" en la que relata los trágicos hechos del 14 de marzo de 1978.

-¿Crees que se avanzó en este sentido a partir del caso Báez Sosa?

-Sí, pero esto venía de antes. En enero de 2020 también estaba 24x7 este caso en los medios, hasta que llegó el coronavirus. Ahora se reactivó de la manera más horrenda por las características del caso y cómo se construyó, con un abogado como Burlando que pavimentó su carrera política gracias al morbo de los medios. Yo empecé muy sola a plantear que esto iba a conducir a la prisión perpetua, que son 50 años de encierro. Toda una vida. Y en esa denuncia me impresionó que mucha gente que se dedica a esto- periodistas y abogados- hablara tan sueltamente de penas que no sabe lo que significan. Se construyó sentido con falta de información.

-Tal como adelantaste, Burlando luego lanzó su campaña y lo hizo con la propuesta de replicar el modelo Bukele. Lo mismo Berni o Bullrich ¿Hay un consenso social sobre esto?

-A mí lo que me parece más dramático es que los políticos que no coinciden con este punitivismo tengan pánico de expresarse públicamente. De decir que es una exhibición de tortura. Puede aparecer Berni desde un espacio que se supone que defiende los intereses populares diciendo que un campo de concentración como el de Bukele es música para sus oídos ¡Y no le pasa nada! Ni siquiera aparece alguien que le diga, no, eso es tortura. Nadie lo discute. Nadie hace algo como lo que está haciendo Petro en Colombia: pelear por un sentido común más civilizado.

Puede aparecer Berni desde un espacio que se supone que defiende los intereses populares diciendo que un campo de concentración como el de Bukele es música para sus oídos y nadie le discute.

-La propaganda que produce el propio Bukele señala que es eficiente

-La Alemania nazi también era eficiente. Los trenes funcionaban bien y su propaganda también hablaba de problemas sociales mágicamente resueltos. En Twitter me dicen un nivel de cosas que da cuenta de este fenómeno: defensora de delincuentes, lacra, y algunos deseos que mejor no repetir. No me preocupa por mí, sino por el proceso político de la construcción de un enemigo público al que se le despoja de su humanidad, con el que todo vale. En la dictadura se construyó la figura del subversivo que justificó las peores atrocidades. Yo no veo que la construcción del delincuente o de los narcos esté tan lejos de eso.

-A propósito, ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Rosario?

-Me preocupa muchísimo. Mi pareja es de Rosario y paso mucho tiempo allá. Se está avanzando poco a poco en la idea de relajar garantías constitucionales por un sagrado objetivo de combatir al narco, pero nadie entiende qué están haciendo. Rosario es la zona más rica del país y a mí me preocupa que pueda usarse como laboratorio de la represión, como lo fue Tucumán en los setenta.

-Supongo que en año electoral no es muy rentable defender a los presos...

-Absolutamente. La historia de las reformas punitivas muestra eso. Me parece que hay una inmensa falta de coraje político en todo esto y el efecto no es menor: es la militarización ¿Queremos vivir bajo control militar? ¿Queremos un estado de sitio de hecho? Entiendo el cagazo de la ciudad porque están matando gente y hay balaceras, pero no tengo ninguna duda de que la policía está involucrada allí. No digo nada que no digan todos, menos los políticos que de un tiempo a esta parte parecieran no tener ningún contacto con la realidad social.