El jurado de enjuiciamiento que llevaba adelante el jury contra el juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, decidió destituir e inhabilitar al magistrado. Él ya estaba suspendido desde el 2018, cuando se negó a detener a los dirigentes Camioneros Hugo y Pablo Moyano.
"Me llama la atención -planteó Carzoglio en diálogo con Télam- que la decisión fue por unanimidad, pero vamos a apelar". Añadió: "Vamos a seguir por el buen camino. Acá empieza una nueva historia. No voy a renunciar a la lucha y voy a continuar dentro de la ley".
El juez fue suspendido en el 2018, cuando se negó a cumplir con un pedido de detención de Hugo Moyano y su hijo, Pablo Moyano, por supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente.
A partir de eso, se armó un jury para decidir si el juez debía ser apartado definitivamente de su cargo. Llegó acusado de interferir sin jurisdicción en la elección del Colegio de Abogados de Lanús-Avellaneda, falsificar documentos públicos y arrogarse competencia en causas que no le correspondían, entre otras acusaciones.
Carzoglio afirmó: "Este fue un juicio con muchas irregularidades. Lo vamos a apelar. Hay determinadas conductas que no se pueden explicar. El jury avanzó imprevista y sorpresivamente después de que me negué a detener a Moyano por falta de fundamentos". El juez comentó que el juicio contra él comenzó en el 2015, "en base a hechos de 2009 en adelante" y que este "respondía a una relación no muy satisfactoria que tenía con una fiscalía de Avellaneda". Sin embargo, recordó, "todo se activó después de 2018. El jury estaba en estado vegetativo y en un mes y medio se reactivó. Se me acusó, se me apartó y se me suspendió, con el embargo del 40% de mis haberes y hoy se me inhabilitó".
Durante el juicio contra Carzoglio declararon 85 testigos, 55 de la defensa del juez y los otros treinta de la acusación. Finalmente, el jurado decidió destituir e inhabilitar al magistrado. La decisión fue leída por el secretario de la Comisión Permanente, Ulises Giménez, luego de un pedido de la jueza Hilda Kogan, que presidió el tribunal.
El jurado que falló contra Carzoglio fue integrado por los legisladores provinciales de Juntos Ismael Passaglia y Erica Revilla, los peronistas Débora Galán y Maite Alvado, y de Espacio Abierto, Walter Carusso y los abogados Pablo Esteban Perrino, Graciela Beatriz Amione, Jorge Pablo Martínez, Juan Emilio Spinelli y Pedro Jorge Arbini Trujillo.
Carzoglio denunció que, cuando rechazó el pedido de detención que el fiscal Sebastián Scalera había pedido para Pablo Moyano, los agentes de la AFI Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano le pidieron que proceda y detenga a los dirigentes sindicales y hasta le entregaron un borrador de la resolución que querían que firmase.
Carzoglio volvió a negarse, y fue denunciado por el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por supuestas irregularidades en el desempeño de su función, como amparos sin sorteos, órdenes de allanamientos sin fecho y haber otorgado beneficios a presos de expedientes ajenos.
Entre las acusaciones también estaba "formular expresiones indecorosas y agresivas" contra una fiscal, por "maltrato" al personal de su juzgado e irregularidades al ordenar el allanamiento del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús. A Carzoglio lo apartaron de su cargo por 90 días, lo suspendieron, y hoy lo destituyeron e inhabilitaron para ejercerlo.
Luis Federico Arias, exjuez de La Plata, opinó que es "una gran injusticia" la destitución por jury de Carzoglio, y comentó que, para evitar este tipo de situaciones, es fundamental lograr "una transformación de la Constitución de la provincia".
Planteó: "Necesitamos una verdadera transformación del Poder Judicial. Los jurados de enjuiciamiento no tienen instancias previas para poder defenderse. Entonces, lógicamente, es un escenario adverso para cualquier juez que no siga las ordenes del poder. Por eso hay que reforzar la ley de jury y finalmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires". Este exjuez fue destituido por jury en el 2019 por negarse a realizar tarifazos y desalojos durante el gobierno de Mauricio Macri y la gobernación de María Eugenia Vidal.
