El ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch declaró hoy en el marco de la sexta audiencia del segundo juicio en el que se investiga el asesinato de Carlos Fuentealba, docente y militante de izquierda que perdió la vida tras una represión policial en abril de 2007.
Al ser consultado por las instrucciones que le dio a la cúpula policial la noche previa a la intervención que desencadenó en el asesinato de Fuentealba, Sobisch aseguró que "siempre la decisión fue muy clara: buscar alternativas para que se pudiera circular. Que los docentes se manifestaran sin perjudicar a la gente".
El 4 de abril de 2007, en el marco de una huelga del sindicato docente ATEN, perteneciente a CTERA, se decidió hacer un corte de la ruta 22 a la altura de la localidad de Arroyito como medida de protesta. El gobernador mandó a desarticular el corte, y la policía dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos, bombas de pintura y un carro hidrante.
Fuentealba fue asesinado durante una represión policial en 2007, cuando Sobisch era el gobernador de Neuquén. Hoy declaró como testigo, pero reclaman que sea imputado como autor intelectual.
Una vez que se calmó todo, Fuentealba se retiraba del lugar en un auto, cuando un policía arrojó una granada de gas que traspasó el vidrio del auto y disparó una granada de gas lacrimógeno. El cartucho atravesó el vidrio e impactó en la nuca del docente, causándole un hundimiento de cráneo. En el hospital fue sometido a dos operaciones, pero finalmente murió al día siguiente.
Este crimen ya tuvo su primer juicio en 2008 ("Fuentealba I") contra José Darío Poblete, el policía homicida, quien fue encontrado culpable y condenado a prisión perpetua. En esa ocasión, y ante la misma pregunta, Sobisch había dicho que la orden fue "que no se utilizara la violencia". Hoy dijo que no se acordaba casi nada del proceso, ni de la conferencia de prensa posterior al asesinato en la que asumió la responsabilidad política del hecho.
El exgobernador fue el testigo principal de la jornada en este segundo juicio, llamado Fuentealba II, en el que se investiga la responsabilidad de ocho exjefes policiales que participaron del operativo. Los acusan de abuso de autoridad y encubrimiento, y en un caso de abuso de armas y lesiones leves.
Desde ATEN repudiaron su presencia y cuestionaron que haya sido citado por la defensa de los policías acusados en condición de testigo y no como imputado: "A 16 años del crimen de nuestro compañero y de la orden de represión más brutal que se recuerde en nuestra provincia, el autor intelectual de esa orden es propuesto para testificar (...) Claramente, su lugar debiera ser el de imputado, por eso decimos que esto NO TERMINÓ, y que su nombre estará siempre ligado al crimen...".
