Una de las autoras de "Entra una paciente, sale una denuncia", Natalia Saralegui Ferrante, advirtió que, a dos años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), "los casos de mujeres en prisión por eventos obstétricos persisten". En el libro revela cómo aún hoy el personal médico inicia procesos contra estas pacientes en "violación flagrante del secreto" profesional.
Saralegui Ferrante, María Lina Carrera y Gloria Orrego-Hoyos buscaron descubrir por qué las y los profesionales de la salud deciden denunciar a mujeres que llegan con emergencias obstétricas aunque esto signifique un delito, ya que viola el secreto médico profesional. Así, el libro se adentra en el "engranaje médico, jurídico y religioso" que permite el desarrollo de estos procesos penales.
En 2018, en medio del acalorado debate sobre la legalización del aborto que culminó con un freno por parte del Senado, las autoras, con "la certeza de que se iba a volver a tratar la ley" escribieron "Dicen que tuve un bebé", un libro que recoge siete historias que buscan socavar uno de los mitos que se escuchó en el recinto por aquellos días: que no hay presas por abortos.
Gimena en Salta, Eliana en San Juan, M. y MDM en Corrientes, Mimi y Juana en provincia de Buenos Aires, Díaz en Santiago del Estero y DTI en Santa Fe, son los seudónimos de las al menos ocho mujeres que se encuentran actualmente presas por eventos obstétricos, según un registro "no oficial ni representativo" que llevan adelante las autoras para una próxima una investigación.
Junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y profesionales del Centro Universitario San Martín (Cusam) observaron en 2020 que un 33% de las causas que criminalizaban mujeres se habían iniciado por denuncias desde el hospital y este fue el puntapié para la elaboración del libro que publicaron este febrero.
"En vez de poner el foco en las mujeres que atravesaban esas situaciones, se pone el foco en sujetos históricamente más invisibles, como son las agencias judiciales o médicas", indicó Saralegui Ferrante.
¿Luego de la sanción de la ley continuaron este tipo de denuncias?
En Argentina no tenemos estadísticas de mujeres presas por eventos obstétricos. Pero nosotras identificamos, en una muestra que no es oficial ni necesariamente representativa, nuevos casos en donde desde los centros de salud se denuncia a las mujeres por eventos obstétricos, lo cual es un serio problema. Vemos que el problema persiste y que es necesario ponerlo en agenda.
En este sentido, el libro viene a desandar un mito extendido sobre que los médicos denuncian solamente motivados por sus creencias personales.
Nosotras teníamos una primera hipótesis vinculada a que las denuncias desde los centros de salud iban a estar asociadas a cuestiones morales de los efectores y efectoras de salud y lo que nos encontramos fue que nos hablaban de miedo. Miedo a poder trabajar libremente, a que les pase algo con su matrícula, a que los violenten, les pongan una guardia castigo o sean discriminados en el marco de sus trabajos.
Para mí eso fue muy importante porque destrabó una dimensión que yo no tenía presente que tenía que ver con el impacto del modelo médico hegemónico en las violencias a las que son sometidos residentes, por ejemplo, o trabajadoras de la salud. Un modelo que se caracteriza por estar centrado en los procesos biológicos y al mismo tiempo es muy militarizado y no deja margen a escuchar a las usuarias.
Además del miedo, en el libro nombran el desconocimiento en torno al secreto profesional, que fue analizado en los fallos de Natividad Frías o Baldivieso. ¿Qué diferencias existen entre violar el secreto en estos casos y otros donde están en riesgo terceros, como niños que llegan a hospitales con indicios de haber sido violentados?
La delimitación que hicimos a la hora de hacer esta investigación fue de aquellas denuncias que realizan efectores o efectoras de salud a personas que se van a asistir o las llevan a que se asistan. Excluimos todos los casos en donde denuncian a un tercero por algo que se conoce en la consulta. Si hay un niñe que presenta signos de haber sido lesionade ahí entran a jugar otras variables porque no se denuncia al niñe, sino a sus progenitores, por ejemplo.
En los casos que analizamos vimos que hay una tensión entre la autonomía personal, cuestiones que deciden las personas respecto de su propio plan de vida o que les sucede, y la denuncia en su contra. No hay terceras personas que puedan estar en riesgo.
¿Algunas de estas usuarias continúan presas por haber ingresado a hospitales con emergencias obstétricas?
Encontramos que persisten los casos de mujeres en prisión por eventos obstétricos. Llamamos la atención a pensar que no es un tema superado o que determinadas jurisdicciones ya no tienen, sino que está presente y que hay que visibilizarlo. No es cierto que son todas mujeres que eran feministas o que estaban necesariamente a favor del aborto, sino que eran personas con capacidad de gestar que atravesaron embarazos sin saberlo y que producto de esa situación hoy están por motivos totalmente injustos en prisión.
Una de ellas por ejemplo era la China, que recientemente logró su absolución.
El juicio de la China fue muy importante en ese sentido. Ahora está en libertad, y es una alegría enorme, pero desde diciembre del 2020 hasta diciembre del 2022 estuvo presa. Y ocurrió en la Capital Federal, que es un lugar que uno pensaría que estas cosas no pasan. Es importante pensar en la indignación que produjo este caso para pensar en la situación de por lo menos estas ocho mujeres que nosotras conocemos que están atravesando la misma situación.
A dos años desde que se aprobó la ley, ¿qué es necesario seguir atendiendo?
Creo que es importante pensar al aborto como una práctica amistosa, afectiva, y que el aborto medicamentoso pueda ser trabajado en espacios de atención primaria para la salud, las salitas, en donde las violencias, según nosotras pudimos relevar, se reducen mucho.
También respaldar a quienes realizan acompañamientos y quienes realizan esta práctica en el segundo trimestre ya que hay una militancia antiderechos que muchas veces presiona sobre la posibilidad de acceder a la IVE pero también a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Por otro lado, creo que tienen que haber más capacitaciones en la Justicia y en el sistema de salud que sean específicas, no solo generales. Y al mismo tiempo más difusión: que se conozcan más las rutas de acceso que tenemos que seguir las personas gestantes que necesitamos interrumpir nuestros embarazos o que queremos acompañar a alguien.
Fuente: Télam
