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Policiales

Allanamientos en Puerto Madero a la banda que cobraba a embarazadas rusas para entrar al país

embarazadas rusas

En el marco de una causa que investiga una red de tráfico ilegal de personas y obtención irregular de pasaportes para embarazadas rusas de entre 33 y 34 semanas de gestación, la Policía Federal Argentina allanó dos departamentos de Puerto Madero y secuestraron dólares, notebooks y documentos migratorios.

Los allanamientos se realizaron el jueves, después de más de un mes de investigación a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, de la jueza Maria Romilda Servini. Tuvieron lugar en una torre de departamentos en Juana Manso al 500 y en un edificio en Azucena Villaflor al 500.

En el primero, habitaba Olga Guz una mujer de 33 años, nacida en Kazajistán y con documento nacional argentino, y Javier Alejandro Sánchez, un ciudadano argentino de la misma edad.  Les secuestraron dos celulares, USD12900, $100770, cinco notebooks, una tablet, una CPU, cuatro chips de celular, un pasaporte y dos DNI a nombre de la mujer sospechada, uno de una ciudadana rusa y otro un menor también oriundo de ese país.

En el segundo edificio encontraron a Elena Kuklina, una joven de 26 años de nacionalidad rusa y su pareja Ruslan Yuslashev, un hombre de 39, nacido en el mismo país europeo. Les incautaron cuatro celulares, tres notebooks, un dispositivo USB, dos registros de conducir posiblemente apócrifos, USD66920, 2670 euros y documentación de interés para la causa como pasaportes, trámites migratorios y certificados de domicilio.

La clientela de esta banda eran familias rusas de alto poder adquisitivo con embarazadas que pagaban entre 20 mil y 35 mil dólares para que aceleraran la tramitación de documentación una vez que la mujer embarazada pariera a su hijo o hija en el hospital designado.

La elección de Argentina tampoco es desinteresada: conseguir un DNI nacional permite acceder al pasaporte que les serviría para emigrar a Europa o Estados Unidos, a diferencia del pasaporte ruso. La jueza Servini les prohibió salir del país a todos los miembros de la banda.

El expediente comenzó su trámite a raíz de una denuncia de una ciudadana rusa, quien aseguró en los Tribunales de Comodoro Py 2002 que había una gran cantidad de conciudadanos suyos que conseguían de forma exprés la residencia permanente. 

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