La Policía Federal desbarató el centro de adictos “Los Valientes”, que funcionaba clandestinamente en la localidad de La Reja, Moreno. En total, fueron rescatadas 87 personas (77 adultos y 10 menores de edad), quienes se alojaban en situación de vulnerabilidad, privados de libertad con castigos corporales, torturas y ataduras, según informaron las autoridades.
Durante el allanamiento, que tuvo lugar en la tarde del sábado, se detuvieron a tres sospechosos. Personal del Ministerio de Salud había realizado una inspección en los días previos, donde se percataron del "panorama dantesco y escalofriante" en el lugar, que no poseía habilitación. A uno de los menores lo encontraron "atado en el interior de un gallinero".
"Los internos estaban en condiciones infrahumanas, de hacinamiento, encierro y privación de la libertad; los tenían encerrados bajo llave y puertas enrejadas, con aguas servidas en los patios de recreación, baños tapados y paredes con humedad. Solo tres profesionales acudían para esa gran cantidad de pacientes, no había médico o psicólogo para realizar seguimiento de los tratamientos”, indicó la PFA en un comunicado.
Los internos estaban encerrados, no los dejaban ver a sus familias sin acompañamiento de alguno de los coordinadores, quienes además los torturaban físicamente.
Junto con la policía, ingresaron al lugar profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas del Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes entrevistaron en forma separada a los menores de edad, y en forma aleatoria a los mayores, quienes manifestaron el deseo de retirarse del lugar.
Los pacientes indicaron que eran sometidos a castigos de golpes, cortes y ataduras, falta de ingesta de alimento y agua y hasta torturas: los internos eran atados y sumergidos en una pileta de agua a modo de castigo correctivo”, indicaron.
Además, contaron que "los familiares solo podían verlos cada 21 días, y debían estar acompañados por alguno de los coordinadores del lugar para así controlar sus conversaciones". Por el momento, los menores fueron restituidos a sus familias y se incautaron varios teléfonos celulares de los responsables del lugar, una computadora y varias historias clínicas para elevar la causa a juicio.
