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Policiales

Rescataron a casi 90 personas de un centro clandestino de rehabilitación en Moreno

La Policía Federal desbarató el centro de adictos “Los Valientes”, que funcionaba clandestinamente en la localidad de La Reja, Moreno. En total, fueron rescatadas 87 personas (77 adultos y 10 menores de edad), quienes se alojaban en situación de vulnerabilidad, privados de libertad con castigos corporales, torturas y ataduras, según informaron las autoridades.

Durante el allanamiento, que tuvo lugar en la tarde del sábado, se detuvieron a tres sospechosos. Personal del Ministerio de Salud había realizado una inspección en los días previos, donde se percataron del "panorama dantesco y escalofriante" en el lugar, que no poseía habilitación. A uno de los menores lo encontraron "atado en el interior de un gallinero".

"Los internos estaban en condiciones infrahumanas, de hacinamiento, encierro y privación de la libertad; los tenían encerrados bajo llave y puertas enrejadas, con aguas servidas en los patios de recreación, baños tapados y paredes con humedad. Solo tres profesionales acudían para esa gran cantidad de pacientes, no había médico o psicólogo para realizar seguimiento de los tratamientos”, indicó la PFA en un comunicado.

Los internos estaban encerrados, no los dejaban ver a sus familias sin acompañamiento de alguno de los coordinadores, quienes además los torturaban físicamente.

Junto con la policía, ingresaron al lugar profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas del Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes entrevistaron en forma separada a los menores de edad, y en forma aleatoria a los mayores, quienes manifestaron el deseo de retirarse del lugar.

Los pacientes indicaron que eran sometidos a castigos de golpes, cortes y ataduras, falta de ingesta de alimento y agua y hasta torturas: los internos eran atados y sumergidos en una pileta de agua a modo de castigo correctivo”, indicaron.

Además, contaron que "los familiares solo podían verlos cada 21 días, y debían estar acompañados por alguno de los coordinadores del lugar para así controlar sus conversaciones". Por el momento, los menores fueron restituidos a sus familias y se incautaron varios teléfonos celulares de los responsables del lugar, una computadora y varias historias clínicas para elevar la causa a juicio.

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