El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, repudió el reconocimiento que hizo el Estado de la ocupación por parte de mapuches en diferentes extensiones de tierra del país. El empresario ganadero sostuvo que la medida constituye una “amenaza contra la propiedad privada”.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) publicó recientemente una serie de resoluciones en el Boletín Oficial a través de las cuales reconoce que algunos territorios del país están habitados por comunidades originarias. Textualmente, las medidas reconocen “la ocupación actual, tradicional y pública” de diferentes áreas como las habitadas por mapuches en Mendoza, wichíes en Chaco y wichíes, kollas y diaguitas en Salta.
Casi de inmediato, el gobernador de Mendoza puso el grito en el cielo, presentó un recurso administrativo contra Nación reclamando la “inconstitucionalidad” del reconocimiento y prometió que llegará hasta la Corte Suprema si hace falta. Al rechazo del gobierno mendocino, cargado de alusiones a la propiedad privada, los pozos de petróleo y los “falsos mapuches”, se sumaron agrupaciones de empresarios como la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios y la propia Sociedad Rural.
En su discurso de inauguración de la Exposición Ganadera de Comodoro Rivadavia, Nicolás Pino sostuvo que el sistema político y judicial no se encargan de combatir a “quienes atentan contra el derecho a la propiedad privada, definido en la Constitución Nacional”. Escandalizado y en consonancia con quienes definen la situación como una “entrega” de tierras, Pino dijo que “la propiedad privada, como todo derecho, debe ser garantizado y no se negocia, y eso también sucede con la propiedad pública”.
“Esta semana o en estos días no solamente hubo amenazas en la propiedad privada sino en la propiedad pública”, siguió el presidente de la Sociedad Rural. “Nos encontramos con que el Gobierno le entrega no sé cuántos miles de hectáreas en la provincia de Mendoza a estos señores que demostrándose en el nombre mapuche, se apoderan de cosas que no son de ellos”, sostuvo.
Por su parte, la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) publicó un comunicado en respaldo al gobierno de Mendoza y afirmó que aunque las tierras reconocidas o, como ellos dicen, “entragadas” a los originarios, sean fiscales, “existen derechos de propiedad de empresas”. Como contrapropuesta, plantearon entregar ese territorio a personas que lo exploten productivamente, generando “una verdadera política de colonización como hay en otros países”.
