Patricia Isasa, sobreviviente de la última dictadura, declaró ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en la primera sesión del cuerpo en la que expondrán asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados sobre los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.

Isasa denunció en la ocasión que Horacio Rosatti nunca echó de la intendencia de Santa Fe a su secuestrador, Eduardo Alberto Ramos, pese a que la municipalidad inició una investigación acerca de por qué había ingresado ya que existía un pedido de detención contra él en la justicia de España.

Isasa, ex detenida desaparecida y militante de DDHH, testificó en varios juicios pr delitos de Lesa humanidad. Fue citada a la Comisión de Juicio Politico porque, según contó Rosatti, quien fuera intendente de esa ciudad, encubrió Ramos en el plantel de empleados.

Eduardo Alberto ramos es un ex oficial ayudante de la policía de la provincia que se desempeñó en el Departamento de Informaciones Policiales y fue imputado de integrar los grupos de tareas que secuestraban y torturaban a militantes políticos. En el año 2000 fue exonerado de la plantilla de empleados municipales tras quedar establecido su compromiso con gravísimas violaciones a los derechos humanos. "Fue mi "interrogador" a cara descubierta durante una semana", dice Isasa.

Según relató Isasa, Ramos recién fue echado cuando se lo detuvo por unos días en 2001, ya durante la intendencia de Marcelo Álvarez. Finalmente, fue detenido de manera definitiva en 2005 y condenado múltiples veces por delitos de lesa humanidad.

La testigo cerró con un pedido de destitución a Rosatti por "mal desempeño". "No pido un castigo para Rosatti sino la protección de los intereses públicos contra el peligro de los abusos de poder y de una conducta incompatible con el cargo", explicó.

Al abrir la segunda reunión, la presidenta de ese cuerpo parlamentario Carolina Gaillard, explicó que expondrán autores de catorce expedientes

La admisibilidad del juicio político se definirá en la reunión del próximo jueves 9 de febrero por simple mayoría, y allí el oficialismo está en condiciones de imponer su postura para abrir el sumario y comenzar la investigación que contemplará pedir documentación, convocar a los acusados, citar testigos, y en caso de que no concurran pedir su citación por la fuerza pública.