Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados expondrán hoy ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sus fundamentos sobre los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Será la segunda reunión de la comisión para tratar los 14 expedientes presentados en Diputados. Estos contienen más 60 acusaciones contra los miembros del alto tribunal, y serán clave para determinar si existen argumentos para aceptar la admisibilidad del juicio político, que se definirá el 9 de febrero.
La reunión comenzará a las 11 de la mañana, y expondrán Claudio Rocca y Nora Cortiñas (Abuelas de Plaza de Mayo) por la Asociación Argentina de Juristas, y Federico Méndez y Pablo Llopart por la Asociación Civil por la Exigibilidad por los Derechos Sociales (Exigir).
Los particulares Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos en relación al pedido que realizaron contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, mientras el abogado Pablo Llonto junto a Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados en relación al desempeño de Rosatti en las causas por crímenes de lesa humanidad.
También lo hará el diputado oficialista Eduardo Valdés, quien fundamentará sobre el proyecto impulsado por el oficialismo, al igual que Vanesa Siley, María Rosa Martínez y Pablo Carro. En tanto, los diputados de la Coalición Cívica (CC) Paula Oliveto y Juan López expondrán sobre denuncias impulsadas por su partido contra Lorenzetti.
Cuáles son las principales acusaciones del Gobierno
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el famoso litigio por la Coparticipación que mantiene con Nación. También por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que había sido derogada por el Congreso.
Además, se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del "2x1" para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional. Otra de las causales son una serie de "irregularidades, incumplimientos y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
Fuente: Télam
