Todavía no terminó enero y el Gobierno dispuso una modificación en los gastos a través de la decisión administrativa 54/2023 publicada el jueves en el Boletín Oficial.
Con el Presupuesto 2023 aprobado y definido, se informó que la normativa adecuó el presupuesto de la Jefatura de Gabinete para dar cumplimiento a las actividades previstas en la ejecución de dos préstamos.
Uno es del Banco de Desarrollo Fonplata destinado a potenciar la Red Federal de Fibra Óptica, y otro del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) dirigido a la digitalización de sistemas gubernamentales.
Algunos medios pusieron el eje en el beneficio que esta readecuación presupuestaria significó para las Universidades y los municipios. En lo que respecta a las casas de Altos Estudios, se distribuirán $14.025 millones, de los cuales la mitad serán discrecionales, es decir que no tienen destino aún.
En tanto, la otra mitad, se repartirán entre 25 casas de estudios. Se detalla que la UBA se beneficiará con $1150 millones, la Universidad de Lomas de Zamora con $580 millones, la Universidad de San Martín con $550 millones, la Universidad Nacional de Córdoba con $500 millones y la Universidad de José C. Paz con $500 millones.
Parte de las críticas que la oposición ya empezó a hacer girar por los medios se centra, por ejemplo, en la magra cosecha de la prestigiosa Universidad de Córdoba, en manos del radicalismo, en comparación con las tres universidades del Conurbano, claramente vinculadas al kirchnerismo.
Otro de los que más fondos extra recibió es el secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien agregó $2.400 millones para el control de precios. Es sabido que esa política es otro de los caballitos de batalla de la oposición. Sin embargo, desfinanciar un programa como el de Precios Justos que, hasta el moemnto, parece haberse convertido en una de las herramientas de la reacomodación inflacionaria, no parece una propuesta consistente con el actual estado de cosas.
