El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó ante los Tribunales Federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro por "delitos de tráfico de influencias" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Según un comunicado difundido por el gobierno bonaerense, el mandatario señaló en su presentación que la Provincia de Buenos Aires "es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión injusta e ilegal de la Corte Suprema".
En ese sentido, Kicillof remarca que el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires por la cuestión de los recursos coparticipables habría sido "producto del tráfico de influencias" de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno porteño. De esta forma, el gobernador se refiere a la filtración de chats atribuidos a D'Alessandro y difundidos a fines del año pasado por los medios de comunicación.
En esos intercambios, Robles le sugería estrategias que debía seguir el gobierno porteño para obtener una sentencia favorable por parte del máximo tribunal en la disputa que la Ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación, algo que finalmente sucedió.
"Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno", sostuvo el texto al referirse a Horacio Rodriguez Larreta.
La presentación judicial consta de 14 páginas en las que el gobierno denuncia el accionar de Rosatti, Robles y D'Alessandro, y aporta además como material pruebas de los chats filtrados y artículos periodísticos que fundamentan la denuncia.
Desde el Ejecutivo bonaerense precisaron que "las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma", y agregaron que "hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional".
"Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires", se puntualizó desde el gobierno bonaerense.
La denuncia se suma a las realizadas por los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de La Rioja, Ricardo Quintela, contra el asesor de la Corte Suprema y el ministro de Seguridad porteño. El juez federal Sebastián Ramos había archivado la causa tras un dictamen del fiscal Carlos Stornelli donde sostuvo que no podía abrirse tal causa con una prueba obtenida de manera ilegal.
El gobierno nacional también había presentado una denuncia por la posible comisión de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales" en función del contenido de los chats.
