El Gobierno de Santa Fe informó al Poder Judicial que los miembros de Grávida "obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos" de la niña de 12 años abusada que, junto a su madre, había solicitado un aborto y no concurrió al turno.
La ausencia de la niña se debió -según la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad provincial- a que la asociación civil Grávida las retuvo en un centro de salud privado para que no pudieran interrumpir el embarazo, que fue producto del abuso del padre de la niña, en el Hospital Iturraspe. El Poder Judicial la encontró junto a su madre el miércoles pasado, dos días después de la fecha pactada para la realización del aborto.
Como el Gobierno pudo garantizar la seguridad de la niña y su madre, el siguiente paso fue poner a disposición del Poder Judicial toda la información sobre el accionar de la asociación que quería obligar a parir a esa niña al igual que lo hizo en 2015 con otra niña en el caso de la psicóloga María Belén Catalano.
Ese mismo miércoles la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Santa Fe exigió a los organismos estatales que investiguen a Grávida, que en su página se definen como "un servicio de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable en la República Argentina".
Silvia Ferrero, integrante de la regional de Santa Fe de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en diálogo con Diario Con Vos apuntó contra las filtraciones de información en centros de salud y organismos estatales: "No es fácil la confidencialidad" y aseguró que desde la Campaña están "juntando toda la información para ver de qué delito se los puede acusar", pero que "no es fácil" porque "son muy escurridizos".
"Nosotras sabemos que la información va circulando. Entonces, como primera medida, el Estado debería tener mucho más control y sobre todo control en lo que es la confidencialidad", pidió Ferrero y ejemplificó con una capacitación "todo el circuito al que llega la demanda de aborto" ya que "ahí está donde se filtra y donde vos ves cómo actúan las organizaciones".
Además, analizó la autodefensa de Grávida: "El discurso siempre es que se acercan las embarazadas o las madres o las niñas. Lo cual nos llama poderosamente la atención que siempre las niñas en situación de riesgo o madres en situación de vulnerabilidad tengan los datos de Grávida antes que cualquier otro dato".
En la misma línea, Ferrero consideró que el discurso de las organizaciones antiderechos no cambió con la sanción y reglamentación de la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): "Lo han acomodado políticamente para que no quede por fuera de la ley, pero no se modificó en lo más mínimo".
Por eso, la integrante de la regional de Santa Fe de la Campaña por al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pidió una mayor difusión sobre el contenido de la ley: "Nos estuvimos juntando con (Casa) FUSA a nivel nacional y con Fondo de Mujeres del Sur (FMS) porque estamos trabajando en el monitoreo y a todas nos está pasando lo mismo: creíamos que la marea verde implicaba información y no la hay en los usuarios del sistema público, más allá de la resistencia que vos podés encontrar en el sistema público".
Con la información que proporcionó el Gobierno, queda en manos del Poder Judicial realizar una investigación Penal Preparatoria que determine la responsabilidad de los integrantes de Grávida en el incumplimiento de los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal de Santa Fe y del Artículo 64 de la Ley Provincial N°12967.
