La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti informó que el gobierno llamará al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero, con el objetivo de impulsar el juicio político a la Corte Suprema.
La funcionaria, en conferencia de prensa, señaló que el Gobierno intentará “sumar voluntades” en la Cámara de Diputados para logar que avance el juicio político que está impulsando el presidente Alberto Fernández.
En ese sentido, tras conocerse varios traspiés en el apoyo al jefe de Estado, Gabriela Cerruti señaló que “la Corte Suprema es arbitraria y complica con sus fallos la vida de la gente”. Asimismo, la vocera aseguró que “la mayoría de los gobernadores” están apoyando la iniciativa del oficialismo.
Respecto de las posturas de los gobernadores Mariano Arcioni, de Chubut, y Gustavo Bordet, de Entre Ríos, remarcó que el primero “está afuera del país, pero el que participó por zoom y acompañó el proyecto fue el vicegobernador”.
“Bordet le adelantó (al Presidente) que iba a participar de la reunión, en ningún momento mostró otra postura y por eso fue incluido en el comunicado. Luego se arrepintió o cambió de opinión, pero cada uno es libre”, apuntó Cerruti.
“El Presidente y los gobernadores tomaron la decisión histórica de impulsar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Esta es una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación, donde la Corte interviene sobre el accionar de otros poderes violando la Constitución”, definió.
Gabriela Cerruti puso foco en los vínculos con Rodríguez Larreta
En otro pasaje de la conferencia, la portavoz aseguró que los chats que involucran al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, quien pidió una licencia en su cargo, “tienen que ver con una interna” de Juntos por el Cambio (JxC).
“Este Gobierno terminó con los sótanos de la democracia y no espía. El macrismo creó un monstruo y ahora lo utiliza en sus internas”, remarcó y consideró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta debería “explicar” las relaciones que tiene su administración con el empresario Marcelo Violante, a cargo de la concesión de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires, dado que “hace más de diez años que se denuncian irregularidades” en ese servicio.
