La Cámara Federal porteña le encomendó a la jueza María Eugenia Capuchetti que amplíe la declaración indagatoria de Nicolás Carrizo, uno de los procesados por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que fueran hallados en su teléfono celular mensajes que podrían demostrar un mayor involucramiento del imputado con el ataque fallido.
El tribunal de apelaciones lo resolvió ante un planteo de la querella de la propia Vicepresidenta que había sido rechazado en primera instancia por la jueza Capuchetti, en una decisión que fue apelada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.
Los jueces resolvieron “encomendar a la jueza de grado proceder conforme los lineamientos trazados en los considerandos precedentes”, en un fallo de 6 páginas en el que se refirieron a la necesidad de exhibirle a Carrizo la nueva prueba incorporada al expediente lo que podría derivar en que se amplíen también las indagatorias de los principales imputados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte (coautores del ataque) y en una recalificación de los hechos.
“Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados, pues el informe elaborado por la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal) donde se identifica específicamente a los mensajes en cuestión fue aportado al legajo con fecha 26 de octubre del corriente”, sostuvieron los jueces.
“Y si bien es cierto que el ordenamiento procesal vigente no exige que la intimación cursada a los imputados sea ampliada cada vez que se agrega un nuevo elemento de prueba al sumario, las características que exhibe el caso en concreto aconsejan que deba imponerse de dichos elementos a Nicolás Gabriel Carrizo, garantizando así del modo más amplio posible el adecuado ejercicio de su derecho de defensa en juicio”, agregaron.
Hasta ahora, Sabag Montiel y Brenda Uliarte están procesados como coautores del homicidio en grado de tentativa, mientras que Carrizo fue considerado partícipe secundario, sin el cual el ataque podría haberse producido igual. Cuando pidieron ampliar las indagatorias, los abogados de la querella reclamaron que se los procesara como integrantes de una asociación ilícita que además de intentar matar a la vicepresidenta buscaba desestabilizar al gobierno.
En relación a ese planteo, los jueces Bruglia y Bertuzzi, respondieron: "Con relación a la pretensión del querellante en cuanto a que se modifique el grado de participación originariamente asignado a Carrizo (…) y que se les endilgue la comisión del delito de asociación ilícita, corresponde señalar que tal cuestión se encuentra dentro de la esfera de análisis y decisión de la señora jueza de grado en el momento oportuno y del Ministerio Público Fiscal a quien le fue delegada la instrucción de la causa".
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