La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, compartió la denuncia que presentó junto al diputado Fernando Iglesias y la diputada Sabrina Ajmechet contra Alberto Fernández y los gobernadores que se opusieron al fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación. El delito por el que los denuncian es "sedición y traición a la Patria".
"Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos!", sentenció Bullrich en su cuenta de Twitter al dejar a disposición de sus seguidores el documento de la denuncia.
Los gobernadores alcanzados por la denuncia son el de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quinquella; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodriguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Río Negro, Arabela Carreras; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutierrez y de Salta, Gustavo Saénz.
En el texto de la denuncia explicaron que el artículo 230, inciso 2 del Código Penal, sostiene que "serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código".
"Además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo", argumentaron Patricia Bullrich, Iglesias y Ajchemet en la denuncia.
Asimismo apuntaron contra los recursos utilizados por el presidente y los gobernadores para recusar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y pedir la revocación "in extremis" del fallo que destina un 2,95% de la coparticipación a la CABA.
"Los recursos de hecho referidos, como el presunto recurso 'in extremis' carece de reglamentación legal, por lo que no puede tener efecto suspensivo", sostuvieron en el texto de la denuncia y añadieron: "Consecuentemente, corresponde el inmediato cumplimiento de lo resuelto".
Los jueces de la Corte Suprema dictaron el miércoles una medida cautelar (es decir, no legisla sobre la cuestión de fondo, que se sigue resolviendo) con la cual ordenaron que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación.
Así, se suspendió la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción. El Gobierno de Rodríguez Larreta pide el 3,50% en el reclamo de fondo que continuará sustanciándose en la Justicia.
