Tras la prolongada reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo en la tarde de hoy con 14 gobernadores (10 en forma presencial y 4 conectados a través de una videoconferencia) se acordó no acatar el fallo que ayer dio a conocer la Corte Suprema en la que se suspende la aplicación de una ley del Congreso y ordena a la Nación otorgar un monto equivalente a 2,95% de fondos coparticipables.
La decisión política -que se definió en conjunto- es que ni el Presidente ni los mandatarios entregarán una partida que perjudicaría a las provincias en sus decisiones de gestión, en lo que será un año atravesado por las elecciones que habrá en todo el país.
La medida era reclamada por los gobernadores, y su máximo defensor el el mandatario chaqueño Jorge Capitanich . Ya se puede prever que generará una fuerte tensión entre el oficialismo y los sectores de Juntos por el Cambio que apoyan a Horacio Rodriguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño y con el establishment de la Justicia.
Al respecto, Larreta había dicho durante la jornada que “una cosa es que uno pueda estar de acuerdo o no con un fallo. De ahí a decir que no hay que cumplirlo, eso es un atentado contra un estado de derecho, un atentado contra la democracia”,
El argumento jurídico que se impulsa desde el frente de los gobernadores se basa en la ley de cautelares. Específicamente en el artículo 9, donde se indica que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.
"Una verdadera inmundicia"
Otro de los gobernadores que tuvo un perfil altísimo contyra la media de la Corte fue el boanerense Axel Kicillof, quien declaro que el fallo "de ayer "es una verdadera inmundicia".
"Esto no fue un fallo político-dijo Kicillof-, esto fue un fallo partidario, destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento de un país",
Durante la inauguración de una nueva alcaidía departamental en el partido de Almirante Brown, Axel Kicillof sostuvo que representa un "un atentado al federalismo, a la democracia, a la República, a la Constitución y a la provincia".
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