En medio de las protestas iniciadas la semana pasada con la destitución del expresidente de Perú, Pedro Castillo, y tras la declaración de estado de emergencia por parte del nuevo gobierno, la Justicia ordenó 18 meses de prisión preventiva para el exmandatario. Argumentan que existe peligro de fuga. Mientras tanto, crece el número de muertes por la represión de las manifestaciones.
La semana pasada, Pedro Castillo había intentado cerrar el Congreso de Perú con el fin de impedir su destitución por acusaciones de corrupción. El intento resultó fallido, dado que el parlamento sesionó de igual manera y Castillo fue removido de su cargo y detenido. En su lugar asumió quien fue su vicepresidenta, Dina Boluarte, y desde este miércoles rige un estado de emergencia que lejos está, por ahora, de lograr su cometido de detener las manifestaciones.
Ahora, la Justicia peruana determinó que el exgobernante reciba 18 meses de prisión preventiva. La orden la dio el juez supremo Juan Carlos Checkley a raíz de un pedido de la fiscalía en el cual se argumentaba que Castillo, que el 7 de diciembre había intentado asilarse en la embajada mexicana, podría fugarse. De este modo, el destituido debería permanecer en la cárcel bajo esta medida hasta el 6 de junio de 2024.
Mientras tanto, las manifestaciones en las calles de Perú, impulsadas por ciudadanos que piden su restitución, no cesaron y registran crecientes niveles de violencia. Algunos medios ya estiman en 18 el número de personas muertas en este contexto, y retoman la denuncia de algunos manifestantes que señalan que las Fuerzas Armadas reprimen con armas de fuego. La localidad de Ayacucho por sí sola concentra al menos 7 asesinatos en este marco.
El pasado miércoles el actual gobierno peruano declaró un Estado de Emergencia nacional por 30 días para sofocar las protestas, el cual suprime los derechos a reunirse, moverse libremente y manifestarse en todo el país. El ministro de Defensa, Luis Otárola, justificó la medida en redes sociales afirmando que su objetivo es "garantizar el orden, la continuidad de las actividades económicas y la protección de millones de familias", pero las movilizaciones no se detuvieron y el número de muertos a manos de las Fuerzas Armadas siguió aumentando.
Mientras tanto Boluarte, que había adelantado las elecciones para abril de 2024, busca anticiparlas aún más, para este diciembre, dado que el anuncio inicial no detuvo el conflicto.
