Luego de que Sergio Massa firmase un acuerdo con el Embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, el Gobierno está ultimando detalles para enviar esta semana el proyecto de blanqueo de capitales, que tiene como fin estimular la llegada de dólares en el exterior que no fueron declarados.
El tratado permite que el ejecutivo solicite al gobierno norteamericano de Joe Biden que le provea durante nueve meses, la posibilidad de acceder a los datos de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en Estados Unidos, ya sean individuales y/o de sociedades integradas por argentinos.
Tras la firma del acuerdo, Massa anunció el envío al Congreso de un proyecto de blanqueo “que promueva la posibilidad de exteriorización pero que también castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que, cumplidos los pasos del proceso de exteriorización, no blanqueen o no exterioricen su tenencia de dinero en el exterior”.
(Massa anunció el envío de un proyecto que) castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que, cumplidos los pasos del proceso de exteriorización, no blanqueen o no exterioricen su tenencia de dinero en el exterior
Incluirá “tenencias de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior (incluyendo créditos)”.
El proyecto contará con tres etapas: la primera desde el inicio de vigencia de la ley de blanqueo hasta el 31 de marzo de 2023. En este período, quienes ingresen al blanqueo van a pagar una alícuota baja preferencial. Luego, quienes se sumen en el segundo período, entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2023, deberán pagar una alícuota que duplica a la anterior. Y en el tercero, del 1 de julio al 30 de septiembre, esta alicuota cuadriplicará al valor inicial.
Habrá un “régimen simplificado” con una alícuota equivalente a la mitad de las generales, “cuando las personas humanas exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera en efectivo en el país y el monto no supere el 35% anual de los ingresos anuales promedio de los últimos tres períodos fiscales y con un tope de hasta US$50 mil”.
Desde el ministerio aclararon que quedarán excluidos de este régimen los contribuyentes alcanzados por el Impuesto a las Grandes Fortunas y que los bienes declarados no se considerarán “incrementos patrimoniales no justificados”.
Las personas o empresas que exterioricen bienes estarán a salvo “de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder”.
Quedarán exceptuados de los siguientes impuestos que hubieran eludido declarar: Ganancias, Impuestos internos, IVA, Bienes Personales y Contribución especial de Cooperativas.
El proyecto contempla el destino de 20% de lo recaudado a un “Fondo específico” para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Asigna 20% para subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y otro 20% para becas del plan Progresar.
También prevé destinar 40% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía “para la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural”.
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