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Política

Un acusado por el escándalo de Lago Escondido denunció espionaje ilegal y la causa recayó en el juez Ercolini, otro acusado

El escándalo de los chats entre jueces, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutivos del Grupo Clarín, tras haberse reunido en secreto en la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido no deja de sorprender. Durante el fin de semana, uno de esos jueces denunció que fueron víctimas de espionaje ilegal y la causa recayó en el juzgado de Julián Ercolini, también involucrado.

Fue el juez federal Pablo Yadarola quien presentó la denuncia, luego de que comenzaran a circular los famosos chats de Telegram en los que él y el resto de los involucrados planificaban cómo justificar el viaje sospechado de dádivas, así como influir en la investigación judicial de Bariloche para que la fiscal y la jueza cierren la causa.

En primera instancia, la causa recayó en el juez Ercolini, quien eligió a Martínez de Giorgi para que asumiera momentáneamente en la causa debido a su implicancia en los hechos.

De acuerdo con la información publicada por elDiarioAR, la causa que ahora tiene en sus manos Ercolini quedó delegada en el fiscal Eduardo Taiano. El domingo 4 de diciembre por la mañana, cuando los chats y audios fueron publicados, Ercolini le solicitó a su colega Marcelo Martínez de Giorgi que asumiera momentáneamente en la causa debido a su implicancia en los hechos.

A través de la figura de “ausencia momentánea del juez”, Ercolini dispuso no intervenir en las primeras medidas del expediente. Luego, Martínez de Giorgi ordenó que la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía porteña rastreara la dirección de IP desde la cual se publicó y se puso a la venta el contenido del teléfono hackeado de Marcelo D’Alessandro.

El juez también consultó si el sitio web podría bloquearse o darse de baja. Al día siguiente, ya en tribunales, se envió la causa a sorteo para que quede radicada en un nuevo juzgado federal de Comodoro Py, el número 12, que está vacante y se encuentra subrogando el juez Ariel Lijo.

A través de internet, los hackers pedían 600 dólares por la información y publicaron capturas de tres conversaciones a modo de prueba: la conocida sobre el caso Lago Escondido, una comunicación entre D’Alessandro y Daniel Angelici, y otro entre el funcionario y un contacto agendado como “Fede”.

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