Luego de que ayer se conociera la sentencia emitida por el Tribunal Oral a cargo de la Causa Vialidad contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un conjunto de gobernadores de diferentes provincias difundió esta mañana un comunicado oponiéndose a la condena de 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En un documento cuyo título, “Un hecho de enorme gravedad institucional que atenta contra la democracia”, ya anticipa bastante, diferentes gobernadores del país sentaron su posición sobre la condena recibida por Cristina Kirchner en la causa que la investigaba por presunta administración fraudulenta de la Obra Pública nacional. Para estos funcionarios, la misma pasará a la historia como “uno de los agravios más grandes al sistema democrático”.
Según los firmantes, el fallo “pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la República” como resultado de un proceso “atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales”.
Para estos gobernadores, los fiscales y los jueces responsables de condenar a Cristina “le adjudicaron actos y funciones que son de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la constitución nacional, como los actos de administración general y el manejo de fondos públicos”. En esta línea, defendieron que las obras públicas investigadas fueron completamente regulares.
Todo este show mediático y judicial se dio en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes.
En los puntos siguientes, los mandatarios denunciaron que la vicepresidenta sufrió “afrentas al debido proceso”, que las acusaciones de los fiscales, tildadas por ellos de “agravios” eran insostenibles y que el juicio constituyó un “show mediático y judicial” en el marco de una “escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública”.
Destacaron, también, que los hechos por los que se condenó a Cristina ya habían sido juzgados, que ella ya había sido sobreseída y que el proceso volvió a abrirse como parte de “un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular” iniciado con el gobierno de Mauricio Macri. Más aún, aseguraron que la condena persigue “fines políticos” y que es parte de una “operación de poderes económicos”.
Sobre el final del comunicado, los gobernadores que apoyaron a Cristina dieron un salto comparando su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos con las proscripciones del peronismo en 1955 y con las de la última dictadura militar iniciada en 1976. Al concluir, aseguraron que la vicepresidenta goza de prestigio “como líder y conductora del espacio político mayoritario de la Argentina”, lo cual, profetizaron, “impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos puedan poner en riesgo el Estado de derecho que tanto nos costó conseguir a los argentinos”.
El documento fue suscrito por los gobernadores Axel Kicillof de Buenos Aires; Sergio Ziliotto de La Pampa; Gustavo Bordet de Entre Ríos; Ricardo Quintela de La Rioja; Raúl Jalil de Catamarca; Gerardo Zamora de Santiago del Estero; Sergio Uñac de San Juan; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Oscar Herrera Aguad de Misiones; Alberto Rodríguez Saá de San Luis; Gildo Insfrán de Formosa; Jorge Capitanich de Chaco; Mariano Arcioni de Chubut; Gustavo Melella de Tierra del Fuego; y Alicia Kirchner de Santa Cruz.
