A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial (BO), el Gobierno extendió por un año la renegociación con las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.
El plazo de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) se corrió un año, así que las empresas que brindan los servicios de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural acordarán un año más tarde los incrementos que repercuten en las tarifas de la factura final de los usuarios.
También se prolongó por un año, y en el mismo decreto, la intervención en los entes nacionales de regulación de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas) hasta que estén vigentes los nuevos cuadros tarifarios resultantes de los acuerdos definitivos de la RTI.
La revisión de esas tarifas tendría que haberse realizado hace ya dos años y no supone modificaciones en el esquema de segmentación de tarifas que impulsó el Ejecutivo. Así que la redistribución de subsidios continuará sin cambios, con las categorías y los topes previstos.
La función de la RTI es el orden de un mecanismo desigual por el cual algunos usuarios pagan más o menos de lo que deberían en función de sus ingresos. Así que cuando se concrete, transformará los acuerdos vigentes.
"Las políticas tarifarias aplicadas desde 2016 hasta 2019 implicaron una reducción de los ingresos de los hogares en términos reales, con incrementos tarifarios muy por encima de los ingresos de la población, en un contexto de grave crisis económica", puntualizó el DNU 815/2022.
Además, recordó: "Es de público conocimiento que el conflicto desatado entre Rusia y Ucrania determinó una nueva y más significativa suba de los precios internacionales, especialmente del gas natural licuado (GNL) y del gasoil, commodities a los que la Argentina debe acceder anualmente en el invierno".
