El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, pidió ayer que se revoque el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino hundido ARA San Juan por considerar que se trató de una resolución “a todas luces prematura”.
Según Pleé, la investigación ha demostrado que se desarrollaron tareas de investigación sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan y que, por el contrario, no se logró acreditar que esas tareas hayan sido desplegadas para neutralizar un potencial riesgo a la seguridad del presidente Mauricio Macri.
Esta hipótesis de la "seguridad presidencial" había sido utilizada por los jueces de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, para revocar el procesamiento que pesaba sobre Macri cuando la causa llegó a los tribunales de Comodoro Py. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal será la encargada de definir si confirma o revoca los sobreseimientos sobre el expresidente, los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y un grupo de exagentes de ese organismo.
En su dictamen, el fiscal sostuvo que "se ha provocado la vulneración a los derechos de intimidad y privacidad de un grupo de personas que tan solo se encontraba reunida para pedir el descubrimiento de la verdad en los hechos que tuvieron como víctimas a familiares directos o allegados". Además, indicó que la Cámara no logró "demostrar la existencia de evidencias de que la intromisión por parte del organismo de inteligencia obedecía pura y únicamente a cuestiones de seguridad, sea del Presidente de la República o de alguna sede de una fuerza de seguridad".
Este dictamen de Pleé fue valorado de manera positiva por parte de los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. El fiscal "dejó en evidencia los mismos argumentos que venimos pregonando, nunca se probó respecto de las familias espiadas siquiera un epíteto contra el expresidente Macri", aseguró la abogada Valeria Carreras, que representa a un grupo de familiares.
La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que presentó ante la Justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Macri se los había espiado. Después, pasó a la justicia federal de Dolores, donde se procesó a Macri, y finalmente llegó a los tribunales federales de Comodoro Py por una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
