Tras un año sin tener un presupuesto aprobado, el Senado de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2023, en una sesión especial marcada por la ausencia de la oposición.
El proyecto tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $29 billones, un déficit fiscal de 1,9% y una pauta inflacionaria de 60% que, en el actual contexto, aparece como una meta ambiciosa.
Fue aprobado con la unanimidad de los 37 senadores reunidos en la cámara, tras una mermada discusión, que llevó poco más de una hora y media.
La iniciativa, que a principios de noviembre había sido aprobada por Diputados, contó con el respaldo del oficialismo y el desdén de la oposición que, tal como había anticipado, no participó de la sesión.
Los senadores de Juntos por el Cambio protestaron contra la designación al Consejo de la Magistratura de tres representantes del Frente de Todos y a uno por la oposición, lo que consideraron un desafío al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En una conferencia de prensa paralela, mientras en el recinto el interbloque del oficialismo votaba la designación de María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, y el radical Eduardo Vischi al Consejo de la Magistratura, los legisladores opositores ratificaron que no bajarían a la sesión.
Lejos de inhibirse ante la ausencia de la oposición, el interbloque del Frente de Todos resolvió acortar la lista de oradores de 18 a sólo cuatro y aprovechó para aprobar la prórroga por cinco años de la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Bienes Personales, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque; del Monotributo, el Capital de la Cooperativa y el adicional de Cigarrillo, que vencen a fines de 2022, que en conjunto explican 32% de la recaudación impositiva.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el riojano Ricardo Guerra, describió al Presupuesto 2023 como "realista" que "financia los servicios esenciales, así como las políticas de plan del gobierno, pero en un marco de restricciones dadas por un contexto mundial muy influenciado por una guerra que tiene impacto global muy importante".
Es un presupuesto que financia los servicios esenciales, así como las políticas de plan del gobierno, pero en un marco de restricciones
Senador Ricardo Guerra
"No hay que olvidar que el país tuvo que normalizar y encauzar una deuda muy elevada que dejó el gobierno anterior y nos introdujo nuevamente en el FMI, y luego una crisis sanitaria global muy costosa y dolorosa", señaló.
Según explicó el oficialismo, el proyecto está en sintonía con las negociaciones del acuerdo con el FMI y contempla casi 3 billones de pesos para el pago de los servicios de la deuda.
La pauta inflacionaria, en este ámbito, fue lo más discutido y quedó estimada en 60% anual, pero dada la incertidumbre del escenario, se incorporó un artículo que obliga al Gobierno a mandar una corrección del Presupuesto si la recaudación o la inflación supera la meta prevista en 10% al 31 de agosto próximo.
Además, se habilitó al jefe de Gabinete a readecuar partidas para que los gastos educativos no puedan ser menores a 1,33% del Producto Bruto Interno (PBI) y se incorporó el blanqueo de capitales sólo destinado a compras de viviendas usadas.
Las medidas incorporadas al presupuesto más cuestionadas por la oposición fueron la elevación de impuestos internos en tres puntos, llevándolos al 9,5%, para los productos electrónicos producidos en Tierra del Fuego y para 19% a los importados, y la consagración de la nueva tasa de $250 que se aplicarán en los pasajes de avión, destinada a financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
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