Con la firma de sus cuatro integrantes, la Corte Suprema firmó dos fallos a favor de la medida cautelar que presentó el Grupo Clarín para no cumplir el Decreto 690, que permitiría regular las tarifas de los servicios de telefonía celular, cable e internet.
El máximo tribunal rechazó los planteos del Estado Nacional, presentados por el procurador Carlos Zannini por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que pedían anular la medida cautelar que le permite a las empresas de telecomunicaciones establecer precios que, en octubre, por ejemplo, aumentaron 12,1%, casi el doble que la inflación, 6,3%.
La fórmula de rechazo fue la misma: los recursos eran contra la medida cautelar gracias a la cual el Grupo Clarín no respeta los límites a las tarifas de telecomunicaciones. El máximo tribunal desestimó los planteos porque no son contra una sentencia definitiva.
Esta parálisis judicial prorrogó lo que el presidente Alberto Fernández ha declarado como “un acto de complicidad judicial con el poder económico real” y dejó sin efecto un decreto que declara a las tecnologías de información y comunicación (TIC) como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”. El decreto, congelado desde agosto de 2020, plantea específicamente que los precios de estos servicios serán regulados por la autoridad de aplicación, es decir, ENACOM.
El fallo contó con la firma del juez Carlos Rosenkrantz, a pesar de los pedidos de inhabilitación de quienes señalaron un conflicto de interés, en función de la relación clientelar de representación que mantuvo con el Grupo Clarín, actor monopólico en el rubro.
