Los fiscales del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, asesinado en noviembre del 2021 en la ciudad pampeana de Santa Rosa, pidieron que se condene a la madre del niño de 5 años y a su pareja no solo por el homicidio, sino también por el "maltrato crónico" y las "agresiones físicas y sexuales" al que lo sometían, mientras que la querella, representada por el padre de la víctima, solicitó a los jueces que a las acusadas se les sume en una eventual condena el agravante del "odio de género".
En tanto, en los alegatos de apertura del juicio oral que comenzó cerca de las 9 de la mañana ante un Tribunal de Audiencia, la defensa de Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, dijo que su defendida "no fue la autora material" del crimen del niño y que Lucio ya venía sufriendo agresiones por parte de la familia paterna, y la abogada de Abigail Páez, su pareja, rechazó la acusación contra la imputada y dijo que ella "procuró evitar" su muerte.
A puertas cerradas
El juicio, que se desarrollará a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, se desarrolló en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, situada en las avenidas Uruguay y Perón, que desde anoche se encuentra fuertemente custodiada, en el marco de un operativo desplegado con 60 efectivos policiales.
Es que cuando se conoció el caso el 26 de noviembre del año pasado los vecinos salieron a la calle para expresar su reclamo por el crimen del niño y se produjeron serios incidentes en la comisaría donde estaban alojadas las detenidas.
Para organizar el acceso al edificio judicial y mientras unas 30 personas se manifestaban en la calle con carteles en reclamo de "Justicia por Lucio", se dispuso una puerta de ingreso para las imputadas y los testigos y otra para las partes y la prensa, que pudo entrar a la sala y tomar algunas imágenes en los primeros minutos.
El padre de Lucio llegó a los tribunales cerca de las 7.30 mientras que sus padres, abuelos del niño, lo hicieron una hora después debido a tuvieron un accidente de tránsito en su viaje a Santa Rosa, aunque sin consecuencias.
Por cuestiones de seguridad, las acusadas Espósito Valenti y Páez fueron trasladadas el martes último desde el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis a la Unidad Penal 13 de Mujeres de Santa Rosa, y esta madrugada fueron llevadas hasta la Ciudad Judicial.
La jornada
Vestida con un buzo a rayas blanco y rojo, la mamá de Lucio se sentó en un extremo de la mesa asignada a las defensas, mientras que su pareja se ubicó en el sector contrario.
En la primera audiencia permanecieron en silencio cuando los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora les dieron la posibilidad de declarar.
El juicio arrancó con los alegatos de apertura por parte del fiscal general Máximo Paulucci, el fiscal Walter Martos y las fiscalas Verónica Silvana Ferrero y María Mónica Rivero, quienes acusaron a la madre de Lucio de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización; agravado por ser la ascendiente, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".
Lo mismo solicitaron para Páez, aunque sin el agravante del parentesco familiar.
Odio de género
El abogado José Mario Aguerrido, querellante por parte de Christian Dupuy, padre de Lucio, adhirió al pedido de la fiscalía, aunque solicitó al tribunal que se le sume el agravante del "odio de género", y que las imputadas fueron responsables "por acción u omisión" de las presuntas conductas violentas. “No importa quién fue la autora y quién cooperó porque ambas fueron autoras”, subrayó.
El defensor oficial Pablo Andrés De Biasi, quien representa a la madre del niño asesinado, negó en su alegato la acusación fiscal sobre su defendida, dijo ante los jueces que "hay dudas razonables” para poder probarle los hechos y reiteró que Lucio ya venía sufriendo agresiones por parte de la familia paterna.
A su turno, la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez, expresó que su defendida Páez "procuró evitar" la muerte del niño y que existe "dudas razonables” sobre la imputación de abuso sexual y, al igual que su colega De Biasi, manifestó que tratará de probar la inocencia de las acusadas o alternativamente que haya un cambio en la calificación legal.
Tras la negativa de las dos imputadas a declarar, el tribunal llamó como primer testigo a Christian Dupuy, quien durante 45 minutos relató detalles de cómo había sido la vida familiar con Espósito Valenti y Lucio, cuál fue la relación con la imputada cuando se quedó a cargo de la víctima y cuándo fue la última vez que vio a su hijo, entre otras cuestiones.
Luego, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8 cuando continuará la ronda de testigos.
Caso ejemplar
Fuentes judiciales informaron que el debate, que comenzó un día después de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad y envió al Senado el proyecto de ley que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia, se desarrollará hasta el 22 de diciembre y declararán cerca de 105 testigos.
El crimen de Lucio ocurrió el 26 de noviembre de 2021, cuando el niño murió a raíz de los golpes recibidos.
Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el niño "presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data" y que el deceso se produjo por una "hemorragia interna", producto de las agresiones.
"En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así", había dicho el forense Juan Carlos Toulouse.
Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.
Por tal motivo, se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.
