La Corte Suprema de Justicia sostuvo una reunión de urgencia en el mediodía por la inclusión, en la ley de presupuesto, de un artículo que obliga a los jueces y juezas de todo el país a pagar el impuesto a las ganancias. Para los jueces, esto es un ataque contra la justicia por parte del gobierno, con el objetivo de deslegitimarla antes de los veredictos sobre juicios contra funcionarios y dirigentes, como el de Vialidad, contra Cristina Kirchner.
Además, algunas agrupaciones y cámaras profesionales de jueces opinan que el objetivo es producir un éxodo de jueces en todo el país, para cubrir las vacantes con personas más cercanas a las posiciones del gobierno nacional.
No solo la Corte Suprema sostuvo una reunión de urgencia, sino que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se declaró en "sesión permanente", y tendrán, durante la tarde del viernes, una reunión extraordinaria de su consejo directivo para discutir los próximos pasos.
Según informó La Nación, los jueces de la Corte creen que la aplicación de este impuesto constituye un "ataque más" contra el Poder Judicial. Lo comparan con la reforma de la ley de jubilaciones, y el aumento del aporte de los jueces al 18%. En aquél momento, la ley produjo una suerte de éxodo de jueces, muchos de los cuales renunciaron a sus puesto para evitar jubilarse bajo la nueva ley.
El dictamen, incluido en el presupuesto presentado para el 2023, no incluye solo a los jueces federales y nacionales, sino a todos los jueces y juezas provinciales. Así, el estado terminaría recaudando 237.850 millones de pesos más, un 0,16% del PBI, ya que hay alrededor de 15.000 jueces y funcionarios provinciales, y algo más de 760 nacionales y federales.
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