Luego de que el Estado argentino reconociera su responsabilidad por las manifestaciones de impunidad en el atentado a la AMIA, pidieron la renuncia del procurador interino Eduardo Casal, así como que se someta a jury al fiscal a cargo de la repartición, Sebastián Basso.
La presentación fue realizada por el abogado Alejandro Rúa -extitular de la Unidad Especial de Investigación del atentado de la AMIA (UEI-AMIA). En su escrito, reclama que Casal deje su cargo como titular interino de la Procuración por ser responsable de la designación y mantener en el cargo pese a las denuncias de las víctimas al fiscal Basso. Según Rúa, hay gravedad institucional en la conducta del procurador.
El pedido de renuncia se realizó luego de que el propio Estado argentino reconociera su responsabilidad por las manifestaciones de impunidad en el atentado a la AMIA.
Se trata del primer impacto tras las audiencias del jueves y viernes pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por la investigación fallida del atentado del 18 de julio de 1994 en Buenos Aires. La asociación civil Memoria Activa había hecho una denuncia similar en 1999 contra el Estado por no haber prevenido ni investigado el ataque, y en 2005 se llegó a un principio de acuerdo con el gobierno de Néstor Kirchner, pero no prosperó.
La representación estatal –encabezada por la actual titular de la UEI-AMIA, Natalia D’Alessandro– reconoció el viernes que Argentina es responsable por todas las manifestaciones de impunidad de la causa AMIA. La funcionaria apuntó a la fiscalía ante la Cámara Federal de Casación Penal por no haber sostenido los recursos contra la absolución parcial de los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
En febrero de 2020, Memoria Activa le había pedido a Casal la remoción de Basso porque es sobrino de la excamarista Luisa Riva Aramayo. También había remarcado que su designación se decidió sin consultas previas, a diferencia de lo que había sucedido con el grupo de fiscales que se hicieron cargo de la UFI-AMIA durante la gestión de Alejandra Gils Carbó y tras la muerte de Alberto Nisman.
El presidente de la Corte-IDH, Ricardo Pérez Manrique, le pidió al Estado argentino que no espere a la condena –que podría conocerse en un plazo de tres meses aproximadamente– para empezar a generar hechos concretos. A pesar de que el oficialismo no cuenta con los dos tercios del Senado necesarios para el nombramiento de un procurador titular, Pérez Manrique dice que se podría convocar a una mesa de trabajo sobre los archivos de inteligencia.
