Mediante un decreto el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, estableció la zona roja en una calle del sur de la ciudad lindante a un cementerio. Los vecinos califican la medida como "vergonzosa" y las trabajadoras sexuales denuncian que no se garantizan los derechos sociales, humanos y laborales.
La zona roja quedó fijada mediante un decreto del intendente Guillermo Montenegro en la avenida 10 de Febrero, desde la calle Cacique Chuyanyuta y por una extensión de doscientos metros. Las trabajadoras sexuales podrán circular por ese tramo de la avenida que linda con el cementerio Parque entra las 22 y 6 hs a partir del 19 de septiembre.
Las eventuales multas previstas parten desde los 172.300 a los 861.500 pesos.
Las eventuales multas previstas contra las trabajadoras sexuales que no ejerzan su trabajo en la zona delimitada, parten desde los 172.300 a los 861.500 pesos. El monto será definido en última instancia por el juez de Falta que intervenga en cada causa. Esto, igual, no representa la sanción más grave: la normativa sancionada por el Concejo también prevé desde 5 hasta 30 días de arresto.
Según explicó Lorena Thetz, titular de la Asociación Vecinal de Fomento Santa Celina, los vecinos califican la ordenanza como “vergonzosa”. “No estamos de acuerdo con el tratamiento del tema y, lejos de ponerlo bajo la alfombra o mandarlas al lugar de la muerte, como dicen las trabajadoras”, sostuvo . En esta línea, la mujer consideró que “Es simbólico que las manden al lado del cementerio: es al lado de la muerte”. Por su parte, las agrupaciones vecinales expresaron que están "indignados por el destrato que hemos tenido para el tratamiento de la ubicación y el ninguneo del intendente".
Es simbólico que las manden al lado del cementerio: es al lado de la muerte.
Lorena Thetz, titular de la Asociación Vecinal de Fomento Santa Celina.
Victoria Disalvo, representante de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual (RRTS) detalló que las trabajadoras no están en contra de la regulación de la actividad, sino que consideran que la normativa debería convertirse en un instrumento institucional “para asegurarnos los derechos humanos, sociales y laborales. Pero esta ordenanza no nos garantiza nada de esto, muy por el contrario, atenta contra los derechos humanos de las personas trans y de las mujeres cis trabajadoras sexuales”, señaló durante la conferencia de prensa que brindaron el miércoles.
"Ninguna va a ir a ese lugar -insistió Disalvo-, está a 10 kilómetros del centro y con nulas garantías. Vamos a seguir en nuestras zonas de trabajo, en nuestras esquinas y sin molestar a nadie".
El intendente Montenegro justificó la elección de la zona al asegurar que el sector no tiene vecinos frentistas: “La vivienda más cercana está a 400 metros", explicó y garantizó que habrá allí un aumento del patrullaje policial.
